Redacción. Madrid
Los socialistas madrileños han exigido la reunión urgente de la Diputación Permanente de la Asamblea para acordar la celebración de un Pleno extraordinario en el que el presidente regional, Ignacio González, explique qué medidas va a adoptar ante el auto del Juzgado número 4 de Madrid que, a raíz de un recurso de Afem, paraliza el proceso de privatización de seis hospitales públicos de la región. Sin embargo, el grupo parlamentario socialista ha obviado la reciente publicación de otro auto, esta vez del juzgado número 16 de la capital, por el que se responde a otro recurso de Afem y en el que se deniegan las medidas de suspensión cautelar.
Tomás Gómez, secretario general del PSM. |
Por su parte, el PSOE de Madrid (PSM) reclama la comparecencia del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, para que justifique por qué tras el nuevo varapalo (se trata de la segunda suspensión cautelar) el PP continúa en esa “huida hacia adelante” tratando de “jugar a farol” con un proceso “que rechaza toda la sociedad madrileña”.
Así lo ha puesto manifiesto el portavoz en materia sanitaria del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento regional, José Manuel Freire, para quien es “insólito” que, pese a la urgencia y la importancia de cuanto acontece en estos momentos en la sanidad pública de la región, el PP de Ignacio González mantenga en el mes de septiembre inactiva la Asamblea y, mientras, trate de confundir a la opinión pública manteniendo vivo un conflicto que lleva a la “zozobra y la inseguridad” no sólo a los profesionales, sino a más de 1,2 millones de madrileños, usuarios de las zonas afectadas por esta “injustificada” privatización.
A juicio del parlamentario socialista, los argumentos que da el auto del Juzgado número 4 de Madrid no sólo no corresponden a posicionamientos políticos sino además profundizan en un análisis del fondo de los recursos interpuestos tanto por el PSOE como por diversas organizaciones sanitarias contra este proceso privatizador y subrayan lo que los socialistas vienen denunciando, que “es una privatización delictiva, innecesaria, e injustificada que cambia de manera radical el modelo sanitario de Madrid y por lo tanto afecta a los derechos de los ciudadanos”.
Por eso, “creemos que es absolutamente inaceptable que tanto el consejero de Sanidad como el vicepresidente estén ninguneando y desacreditando a la justicia en una decisión que no les resulta favorable, mostrándose en rebeldía e intentando engañar a la opinión pública” ha criticado Freire, para quien cuando desde el gobierno regional afirman que el TSJM les ha dado la razón, “lo que están haciendo es desinformar y engañar a los ciudadanos” dado que el auto del TSJM que levantaba la suspensión de las medidas cautelares sólo se pronunciaba sobre los recurrentes, “pero en modo alguno avalaba ni entraba en el tema de fondo de una privatización que no tiene ninguna justificación ni responde a ningún argumento de interés público”.
Freire, quien ha recordado que aún están pendientes de resolución, promovidas por el PSOE de Madrid, acciones en el Tribunal Constitucional, en el juzgado contencioso administrativo o en la Comisión Europea promovidas por el PSOE de Madrid, así como otra decena de iniciativas impulsadas desde sectores que también defienden la Sanidad pública, ha subrayado que los procesos judiciales abiertos contra la privatización sanitaria en la región están siguiendo una línea “coherente” que desembocará más pronto que tarde en la paralización definitiva de esta medida.
En este sentido, ha recordado las palabras del Secretario General del PSM, Tomás Gómez, en el Debate del Estado de la Región, donde exigió a Ignacio González y su gobierno que si pretenden seguir adelante con ese oscuro proceso, que lo paralicen ahora y lo presenten en su próximo programa electoral, pero a día de hoy que lo deje.
Por último, el portavoz en materia sanitaria del Grupo Parlamentario Socialista ha señalado que su formación ha registrado también dos peticiones de información exigiendo al responsable de Sanidad de Ejecutivo autonómico que diga quién ha autorizado –y que entregue una copia de dicha autorización- la presencia de las empresas adjudicatarias del concurso para la privatización sanitaria en los hospitales de Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía. “Se establecieron en los hospitales de todos los madrileños sin contrato y el gobierno de Ignacio González debe hacerlas salir de ellas inmediatamente”, ha sentenciado.