Mónica García.
Para
Más Madrid, el partido que encabeza la también médico
Mónica García, la situación del acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid “es preocupante”. A juicio de la formación, este derecho, que está reconocido en la legislación española y despenalizado en todas sus formas desde 2010, y que constituye un derecho básico a la salud sexual y reproductiva de las mujeres,
“se encuentra, sin embargo, amenazado” en la región.
Por eso, el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid presentará una
PNL,
a la que ha tenido acceso Redacción Médica, para instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha en una
Plan que garantice la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Sanidad Pública que contenga una serie de medidas. Una de las acciones más significativas de los de Mónica García también exigen la elaboración de
un protocolo para la transferencia rápida de la paciente al siguiente centro público más cercano que pueda practicarle la interrupción del embarazo,
en el “caso excepcional” de que en su centro de referencia todos los médicos sean objetores.
Esta no es la única propuesta, pues desde Más Madrid reclaman
un estudio sobre el número de interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, acompañado de un estudio que muestre en cuántos hospitales públicos “se niega este derecho”. Desde el partido, además, se solicita al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de
formación específica a ginecólogos y ginecólogas de los hospitales públicos madrileños “para mejorar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Sanidad Pública”, tal y como dicta el documento de la Proposición No de Ley (PNL).
En este contexto, destacan la necesidad de diseñar y realizar
campañas públicas de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva que incluyan información sobre el derecho al aborto, así como la
creación de más centros de planificación familiar para la eliminación de las listas de espera. Asimismo, desde la formación quieren
eliminar los tres días de reflexión para todas las mujeres que acudan a ejercer su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y piden al Ejecutivo regional
garantizar que se realiza el aborto en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Solo el 8,9% de los abortos fue en hospitales públicos
Más Madrid justifica esta propuesta en que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es “prácticamente imposible por la sanidad pública en nuestra comunidad”, ya que las listas de espera de los hospitales públicos y centros de salud madrileños hacen que sea imposible esta práctica, “debido a la imposibilidad de dilatar su consecución en el tiempo”. Por otro lado se encuentra la que, a su juicio, es la “situación gravísima” en las clínicas privadas, en las que “las mujeres no sólo tienen que pagar por un servicio básico, sino que además tienen que verse sometidas a un acoso y hostigamiento que ha sido recientemente reconocido como delito en el Congreso de los Diputados”.
Entre otros aspectos, Más Madrid lamenta que el Servicio Madrileño de Salud dispone de 38 hospitales en su red hospitalaria y en todos ellos cuenta con los medios personales y materiales para realizar interrupciones del embarazo. Pese a ello, en base a los datos disponibles del Ministerio de Sanidad durante el periodo 2010 a 2018, el Servicio Madrileño de Salud solo realizó un 8,9 por ciento de las interrupciones del embarazo que se realizaron en la Comunidad de Madrid, siempre en base a los datos que referencia la formación en el texto de la PNL.
Estos datos no hacen más que “confirmar el indicio por el cual en dicha administración de salud existe una objeción de conciencia colectiva de los facultativos que perjudica a los pacientes y que limita los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y desarrollados por la ley”.
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