Pontevedra instará al Sergas a asumir la titularidad del Centro de Drogodependientes

Redacción. Pontevedra
La concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de Pontevedra se dirigirá a la Fegamp y al Sergas en las próximas semanas, coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, para solicitarles sendas reuniones en las que el Gobierno local va a instar a la Xunta a que asuma el control del Centro de Atención a Drogodependientes.

Carmen Fouces, concejal de Servicios Sociales de Pontevedra.

Para la concejal de Servicios Sociales, Carmen Fouces, se trata de un servicio "imprescindible y crucial para Pontevedra y para la comarca, que repercute directamente en la sociedad". Si se llegase a reducir o a suprimir, la edil nacionalista ha asegurado que "el gasto social sería más costoso que lo que es en realidad", a lo que ha añadido que repercutiría en "un retraso de 30 años en la lucha contra la droga".

No obstante, ha insistido en que el Sergas debe asumir la "titularidad completa" de esta prestación, argumentando que se trata de una competencia sanitaria e "impropia" del ayuntamiento de Pontevedra.

El Centro de Atención a Drogodependientes, situado en la plaza Valentín García Escudero, atendió en 2012 a 871 personas, de las cuales 125 fueron casos nuevos. En principio, según Carmen Fouces, lo usuarios de este centro proceden de 13 ayuntamientos de los alrededores, tal y como recoge el convenio de 1991 en el que Pontevedra aceptó colaborar con este centro, si bien el Sergas puede derivar a cualquier paciente, incluso de fuera de Galicia.

Fouces ha criticado que desde 2010 --cuando se produjo lo que ha calificado como la "gran debacle"-- la Xunta comenzó a recortar el presupuesto que destina al Centro de Atención de Drogodependientes de Pontevedra, que pasó de 500.000 euros a 414.000 en 2012. La concejal de Servicios Sociales ha tildado esta reducción de "dentellada" y "amputación".

Actualmente el ayuntamiento de Pontevedra abona una parte de los salarios del personal, paga el material fungible, la vigilancia de las instalaciones y se hace cargo del mantenimiento del mobiliario donde se archivan las historias clínicas. "La aportación de la Xunta es insuficiente y el ayuntamiento tiene que completarla", ha señalado Carmen Fouces; un gasto que para las arcas municipales asciende a 16.000 euros mensuales, de los 50.000 euros que cuesta el servicio.

Para este año, la Concejalía de Servicios Sociales prevé que la Administración autonómica recorte la financiación en un 11% más, con el agravante de que la asignación pasa de cubrir una anualidad de 12 meses a ampliarse a 15. "Una nueva forma de medir el tiempo", como la ha calificado Fouces.

La edil ha explicado que "16.000 euros son muchos euros, pero se hace porque la necesidad es importante". Pero ante el nuevo recorte en la asignación autonómica, el ayuntamiento tendrá que elevar su aportación al 40%, lo que equivaldría a unos 28.000 euros al mes "o más", calcula Carmen Fouces.