Galicia se 'salta' a Hacienda: crea 200 plazas de Primaria con su superávit

El Consello da Xunta dio luz verde al anteproyecto de Ley de refuerzo de actuaciones prioritarias, que permitirá que Galicia pueda utilizar el cien por cien del superávit contable de 2018, 125 millones de euros, para reforzar el gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales públicos. Esta herramienta alternativa, legal y que se puede aprobar sin necesidad de autorización del Gobierno central, servirá para que Galicia disponga de una capacidad de gasto adicional de 130 millones de euros, ya que al superávit de 2018 se le unen otros cinco millones por ahorros de gasto financiero.

De este modo, a través de esta ley -que será remitida inmediatamente- se autoriza un suplemento de crédito que tendrá un triple objetivo: llevar a cabo actuaciones en los servicios públicos, prioritarias y previstas para los próximos años, y que ahora se podrán adelantar ya a 2019; reforzar la Atención Primaria en el Servicio Gallego de Salud, para afrontar la nueva planificación y los retos en los próximos años; y todo esto empleando el superávit sin penalizar el cumplimiento de las reglas fiscales para este año y sin esperar la que España recupere la estabilidad.

La Xunta de Galicia considera que Galicia no puede esperar más y no puede verse perjudicada por la inestabilidad de la política estatal. Además, varias razones de operatividad justifican la urgencia de que estas actuaciones se puedan hacer lo antes posible, como es el hecho de que las inversiones en centros educativos y en escuelas infantiles públicas se tengan que hacer en el período vacacional de verano o la importancia de reforzar lo antes posible a Atención Primaria, tanto en el campo del personal como de equipamiento.

Tras el buen cierre del ejercicio presupuestario de 2018, la Xunta de Galicia opta por acometer una serie de operaciones de reordenación del endeudamiento del sector público autonómico que: genera ahorros en las cargas fiscales futuras, y posibilita una serie de disponibilidades crediticias que permiten financiar nuevas actuaciones prioritarias.  Este nuevo crédito se financiará reorientando el gasto dedicado a amortizar deuda de la Comunidad, concretamente, de las entidades SPI y Xestur.

Así, Galicia utilizará el superávit de 2018 para reducir la deuda de la Comunidad Autónoma, con el que se liberan créditos presupuestarios para financiar nuevas inversiones en Sanidad, Educación y en los Servicios Sociales públicos. De los 130 millones de euros de nueva capacidad de gasto, 96 estarán recogidos expresamente en este proyecto normativo y se invertirán entre este año y el que viene; y 34 millones quedarán disponibles en la Sociedad Pública de Inversiones.

Actuaciones prioritarias ya en este 2019

En relación a distribución del superávit en este 2019, a la Sanidad Pública se destinarán 22 millones para: un aumento en más de 200 plazas de personal en la Atención Primaria; mejora de equipamiento de centros de salud y hospitales, construcción de nuevos centros de salud; y mejora del transporte sanitario urgente. La previsión de la Xunta es destinar a la Sanidad pública más de 40 millones de euros entre el año 2019 y 2020.

En el campo de la Educación Pública, este año se invertirán 22,7 millones en la mejora de instalaciones, con actuaciones en 22 colegios e institutos. Y, en relación a los Servicios Sociales Públicos, se destinarán 6,2 millones de euros a actuaciones de mejora de las instalaciones de las escuelas infantiles, centros de mayores y residencias. Asimismo, se destinará una aportación de 3 millones de euros para actuaciones en medio rural.

Parte de las actuaciones se encuadrarán como inversiones financieramente sostenibles, por lo que su ejecución no afectará al cumplimiento de la regla de gasto en este 2019, tal como permite el real decreto que el Gobierno aprobó a instancias de Galicia.

Con esta ley se invertirán, por lo tanto, 96 millones de euros: 48 millones este año y otros 48 millones en 2020. Y, a mayores, quedará disponible una capacidad adicional de inversiones de otros 34 millones -17 millones cada año-, que no tienen que formar parte de esta ley y con los que se financiarán otras actuaciones a lo largo del ejercicio a través de la Sociedad Pública de Inversiones.