Redacción. Santiago
El director de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud (Sergas), Pablo Torres Arrojo, se ha mostrado “convencido” de que “se llegará a acuerdo con las empresas que quieran optar al contrato” para asumir la gestión integral del Complejo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO), tras quedar desierto el concurso público abierto para sus obras y gestión durante 10 años -por un importe dotado de 150 millones de euros- en el que también se debe financiar la ampliación del mismo.
![]() Pablo Torres. |
En la comisión de Sanidad, Torres Arrojo ha informado de que el procedimiento “va a seguir su curso”, de forma que “en una semana o 15 días se procederá a la elaboración de los pliegues necesarios para la formulación del procedimiento negociado” en el que la Xunta buscará empresas para hacerse cargo de esta gestión que incluye diversos servicios como seguridad, limpieza o mantenimiento.
Aunque ha dicho “no poder hablar de actos de fe”, ha informado de que “se van a invitar a las empresas” que “tengan una solvencia para poder licitar”, y ha apuntado que “la posibilidad de ir en UTE (unión temporal de empresas) facilita que empresas que no pueden ir a todo” puedan hacerse cargo de forma conjunta de estos diferentes servicios.
En esta línea, ha señalado de que las obras de ampliación del CHUO “pueden estar condicionadas a esos ingresos”, pero ha aclarado que la Administración “puede seguir con ellas”, porque “la obra se va a hacer sí o sí” y, “de hecho, se están trabajando ya en la adjudicación de la obra”.
Además, el director de Recursos Económicos del Sergas ha garantizado que los trabajadores “seguirán haciendo su labor en las mismas condiciones” en la futura gestión integral y que, “legalmente, está todo perfecto”.
Ahorro de más de 30 millones
En concreto, Torres Arrojo ha explicado que, “a día de hoy”, el gasto en contratos externos del CHUO “es de 12,8 millones de euros al año”, y con esta licitación de contratos que, “como mucho será de 121 millones de euros”, se suman unas aportaciones que debe hacer el adjudicatario a la Xunta de “30 millones de euros” para la mejora de instalaciones y obras, una cifra de la que se ha valido para hablar de “un ahorro estimado” de esta cantidad para el Gobierno gallego.