Redacción. Barcelona
El exdirector gerente del Hospital Sant Pau de Barcelona Jordi Colomer, destituido en 2008 tras cuatro años en el cargo y sustituido por Jordi Varela, ha asegurado este lunes que advirtió de supuestos contratos ficticios de exaltos cargos en el centro público en diversas ocasiones, y fue ignorado.
Jordi Colomer. |
En el marco de la comisión parlamentaria que investiga la gestión sanitaria, Colomer se ha referido a las reiteradas denuncias del comité de empresa del hospital sobre un supuesto contrato irregular con el exalto cargo del Gobierno central Ricard Gutiérrez por trabajos como gerente adjunto que no hacía.
"Siempre manifesté que no se ajustaba a la ley", ha señalado el exgerente, que ha explicado que advirtió sobre esta situación en diversas ocasiones, también a la exconsejera de Salud de la Generalitat Marina Geli, pero el exdirectivo del Sant Pau y exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) Carles Manté -también imputado- le dijo que el contrato debía seguir vigente.
"Entendí que no era compatible su retribución. No hacía una función ejecutiva" y su contrato era como director adjunto, ha precisado Colomer, ya que aunque Gutiérrez estuvo en el centro entre 2001 y 2004 siguió contratado durante siete años más hasta que fue cesado en 2011.
El exgerente Jordi Varela, destituido igualmente en marzo de 2012, ha evitado profundizar en este tema por estar dirimiéndose actualmente en los juzgados, aunque sí ha apuntado que Gutiérrez desarrolló su labor profesional en la Fundación Doctor Robert para poner en marcha una cátedra y un máster en colaboración entre el Sant Pau y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), lo que ha permitido formar a centenares de gestores sanitarios, y que todos los contratos rubricados se ajustaban a la legalidad.
Asimismo, y en relación con el exalto cargo del Ayuntamiento y la Generalitat José Ignacio Cuervo, y la exdirectiva del CatSalut y facultativa colaboradora del Sant Pau Mercè Cruells -también imputados-, Varela ha reconocido la existencia de los contratos, aunque ha insistido en que eran legales y corresponden a un trabajo "que se hizo".
Ambos exgerentes del hospital han defendido el sobrecoste que experimentaron las obras del nuevo hospital, alegando que el centro acabó teniendo una superficie de 110.000 metros cuadrados, cuando el proyecto inicial era de 60.000.
Colomer y Varela están imputados en el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona por la supuesta malversación de fondos junto con otra docena de exaltos cargos dentro de la causa que investiga el sobrecoste de 77 millones de euros en las obras del nuevo hospital, concretamente por un presunto desfalco de 38,5 millones en la contratación de los trabajos del nuevo hospital.
Colomer ha explicado ante los diputados que el sobrecoste ya se definió en 2004 y estaba previsto, en parte porque el periodo de construcción desde que se pensó el proyecto hasta que se finalizó se prolongó dos décadas, y ha apuntado a que estos sobrecostes en la construcción de hospitales "es algo habitual, no deseable", y en todo caso el precio final fue de unos 1.900 euros por metro cuadrado, una cantidad razonable para la tecnología que se incorporó.
Asimismo, ha precisado que intentó poner orden en el caos que halló cuando desembarcó en el Sant Pau procedente del Hospital Vall d'Hebron, cambiando la forma de contratar para hacerla más transparente -la primera y cuarta fase de las obras se ajustaron a los principios de licitación pública y la segunda y tercera no, algo que no pudo cambiar y que no tiene por qué ser ilegal, ha reconocido-.
Problemas de gobernabilidad
Ha constatado que advirtió al expresidente de la Generalitat José Montilla, la exconsejera de Salud Marina Geli y al exalcalde de Barcelona Jordi Hereu (PSC) sobre los problemas de gobernabilidad del centro, aunque no se tuvieron en cuenta y él, finalmente, fue destituido.
Colomer ha sacado pecho de su etapa al frente del Sant Pau porque el 2004 cerró con un déficit de 45 millones de euros y logró equilibrar las cuentas en 2007, y ha asegurado que se dejó "las pestañas" para ejercer una correcta gestión, aunque halló muchas resistencias por parte de trabajadores del hospital.
Varela ha coincidido en justificar el sobrecoste de las obras, aunque ha considerado que el proceso constructivo se alargó demasiado, y ha defendido que a su llegada se había alcanzado un acuerdo con la Generalitat para subsanar la deuda histórica que arrastraba el hospital y, por tanto, los problemas actuales derivan de los recortes presupuestarios que se suceden desde 2010.
El gerente que sustituyó a Colomer ha asegurado que encontró unas cuentas saneadas y solo puede tener "elogios" para su predecesor, aunque la crisis llegó en plena mudanza del antiguo hospital al nuevo, lo que generó un déficit de 17 millones de euros en 2011, a pesar de la reducción de costes acometida en una proporción similar.
Varela ha recordado que presentó un expediente de regulación de empleo (ERE), anulado posteriormente, y ante la imposibilidad de negociar con los trabajadores y sanear el balance fue destituido de forma "fulminante", una situación que se arrastra desde entonces y en la que el comité de empresa critica también que el patrimonio del hospital -que genera unos 10 millones de euros al año- se gestiona de forma diferenciada y los beneficios no repercuten en la gestión sanitaria, un extremo que Varela ha negado.
Tanto Colomer como Varela han coincidido en lamentar la difícil gobernabilidad del hospital -actualmente a la espera de un posible concurso de acreedores-, lo que Varela ha atribuido a la falta de continuidad de los gestores y a la poca implicación de los profesionales y responsables, dos aspectos que, si se dan, "acostumbran a ofrecer mejores resultados".