Prat dice que avaló adjudicar sin concurso las obras del nuevo Sant Pau por el consenso

Josep Prat.

Redacción. Barcelona
El expresidente del Instituto Catalán de Salud (ICS) Josep Prat ha justificado este miércoles que avaló la adjudicación a dedo de las obras del nuevo hospital de Sant Pau de Barcelona en base al consenso que encontró a su llegada a la fundación que gestiona el patrimonio del hospital (Mia) y a informes técnicos.

Según han explicado fuentes judiciales, Prat ha relatado como imputado ante el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona que cuando aterrizó en la Mia en el año 2000 ya se había adjudicado la primera fase de las obras y que los informes técnicos avalaban la adjudicación sin concurso, y que el mismo procedimiento se utilizó para la segunda.

Sobre las últimas fases, el expresidente del ICS ha justificado que cuando se adjudicaron ---la tercera se concedió en 2003-- él ya había abandonado la Mia.

También ha declarado este miércoles como imputado el exgerente del hospital Josep Anton Grau al que le han preguntado sobre el encarecimiento del nuevo edificio, y que él ha justificado por la dificultad de calcular con precisión el coste final de las obras.

El juez pretende esclarecer cuál fue el método de contratación de las obras del nuevo edificio, después de que un informe de la Sindicatura de Cuentas desvelara supuestas irregularidades en las contrataciones de obras, que costaron más de 217 millones de euros de los que se podrían haber desviado 38,5 millones.

En declaraciones a los medios tras los interrogatorios, el abogado defensor de la Mia, Josep Maria Fuster Fabra, ha asegurado que no entró dinero público para las obras del hospital hasta 2003 cuando la Generalitat concedió un crédito, con lo que sostiene que en ningún caso podría haber un delito de malversación de fondos públicos.

Sin embargo, la abogada de la acusación popular, Carme Pérez, asegura que no consta en la documentación que las obras de las primeras fases fuesen pagadas con fondos privados sin aportaciones públicas.

Fuster-Fabra también sostiene que durante los interrogatorios no se ha hecho a los imputados "ni una sola pregunta" sobre un supuesto desvío de fondos, que el coste está justificado y que lo único que se dirime es si en las primeras fases era necesario convocar un concurso público, sobre lo que ellos sostienen que no era obligatorio.

Un “caos”

A principios de mes también declaró el exgerente del Hospital Jordi Colomer, quien aseguró al juez que cuando llegó al cargo en abril de 2005 la gestión de la contratación de las obras era un "caos", y acumulaba un sobrecoste de unos 70 millones de euros por encima de lo planificado.

Cuando Jordi Colomer llegó al Sant Pau importó la forma de contratación que tenía el Hospital Vall d'Hebron --de donde venía--, de concurso público, dejando atrás la forma de adjudicar de los responsables anteriores.