Munté quiere que el Territorial de Dependencia analice los efectos de la reforma de la administración local

Redacción. Barcelona
La consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que convoque el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para analizar los efectos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Según ha advertido Munté, los preceptos de esta normativa afectan a las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de servicios sociales.

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Munté, que ha comparecido ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlamento catalán, ha presentado también el ‘Informe sobre el estado de los servicios sociales de Cataluña’ correspondiente a 2013. En este sentido, ha destacado que a lo largo del pasado año la Generalitat recibió 470.018 solicitudes iniciales de valoración y 138.789 de revisión.

Además, Munté ha recalcado que el envejecimiento de la población es determinante a la hora de evaluar la situación de la atención que se presta por carencia de autonomía personal. Así, el índice de envejecimiento ha sido del 110 por ciento en 2012. Por otra parte, en 2013 en Cataluña la discapacidad reconocida afectaba el 6,8 por ciento de la población. La acción del sistema de servicios sociales en este ámbito se concreta esencialmente a través de la Ley de Dependencia.

Presupuesto

El presupuesto del Departamento de Bienestar Social y Familia para 2013 destinado a programas de servicios sociales fue de 1.847 millones, de los que 1.429 corresponden al programa de promoción de la autonomía personas; 202 millones se destinan a los programas de atención a la infancia y la adolescencia; 176 fueron a la inclusión social y lucha contra la pobreza; 31 millones para el apoyo a la familia y 11 millones para la atención a las personas con discapacidad.

Por otra parte, el gasto que los entes locales destinaron a los servicios sociales básicos en 2012 fue de 370,67 millones de euros. De acuerdo con el previsto a la Ley de servicios sociales, la Generalitat de Cataluña aporta el 66% del coste de los equipos de los servicios sociales básicos, de los programas y proyectos y de los servicios de ayuda a domicilio.

Finalmente, Munté ha lamentado que la evolución de la asignación para programas sociales en Cataluña por parte del Gobierno español, en el periodo 2011-2013, ha sufrido una reducción del 91,9 por ciento. En relación al mínimo garantizado del programa de atención a la dependencia, Munté ha asegurado que también se ha producido una reducción del 21,1 por ciento del 2012 al 2013.