Moncloa gana la primera batalla a la universalidad de la sanidad catalana

La disputa entre el Gobierno de España y el legado del huido Carles Puigdemont va más allá del artículo 155 y de las consecuencias judiciales del 'procés'. También se dirime en la sanidad, donde desde Moncloa se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria del Servicio Catalán de la Salud.

Según ha podido saber Redacción Médica por fuentes del Tribunal Constitucional (TC), Mariano Rajoy se ha apuntado el primer tanto, ya que este órgano ha admitido a trámite la providencia cursada a través del Abogado del Estado, y vigilará si la norma catalana invade competencias nacionales.

Impugnación por colisión con el 16/2012

La impugnación fue presentada a finales del pasado de marzo, según recoge el Consejo de Ministros del día 23 de este mes, y afectaba a los cinco artículos de los que consta la norma, ya que considera que colisionan con la legislación estatal recogida en el real decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones

Los cinco artículos impugnados

Los cinco artículos que ahora estudiará el Tribunal Constitucional se refieren a:

1. Derecho universal a la asistencia sanitaria.

2. Condiciones de acceso a la asistencia sanitaria.

3. Contenido de la asistencia sanitaria.

4. Ámbito territorial.

5. Garantía del derecho de acceso a la asistencia sanitaria.

Legado de Antoni Comín

El también huido exconseller de Salud, Antoni Comín, fue uno de los artífices y máximos defensores de la implantación de esta ley, y en la jornada de su aprobación dijo que "era un día histórico, una ley muy trascendental por sus efectos y por su valor simbólico, que habla de la sociedad que queremos ser".

Antecedentes en la Comunidad Valenciana y País Vasco

El intento de frenar la universalidad de la ley catalana de asistencia sanitaria no es nuevo para el Gobierno de España. Ya siguió el mismo proceso recientemente con la Comunidad Valenciana, que aprobó una legislación similar en 2016 y con posterioridad vio cómo el TC la anulaba por colisionar con la norma estatal

El TC también dio al traste a finales de 2017 con el espíritu de una norma vasca que pretendía dar cobertura legal a inmigrantes 'sin papeles' y otros colectivos excluidos por el 16/2012.

También en otras regiones como Cantabria o Extremadura, intentos de legislación parecidos están encontrando la resistencia del Gobierno central.