La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La sociedad civil y empresarial catalana han firmado una declaración reclamando un
nuevo modelo de financiación para la comunidad, que afectaría directamente a los servicios públicos, como la sanidad. Proponen "un modelo federeal o un pacto fiscal" acompañado de "un mecanismo de solidaridad". Asimismo, hacen hincapié en que "debe asegurar que todos los ciudadanos puedan recibir
servicios públicos básicos similares con independencia del lugar donde residen".
Las 20 instituciones de la sociedad civil y empresarial catalana, entre las que están las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, Fomento, PIMEC, FemCAT, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía, se han puesto de acuerdo en exigir
"un nuevo sistema de financiación transparente y eficiente". Aseguran que tanto un
modelo federal como un pacto fiscal "serían beneficiosos para Cataluña y para el conjunto de las comunidades autónomas".
Financiación autonómica
El modelo federal que plantean es
"similar" al de Estados Unidos, permitiendo al Estado y a las comunidadaes autónomas compartir las mismas bases imponibles. De esta manera, los Gobiernos regionales dispondrían "de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal los ingresos que le corresponden", indica el texto. "La implantación de este modelo sólo requeriría una reforma de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas", aseguran.
"Un pacto fiscal también permitiría avanzar hacia un modelo más transparente y también aseguraría la
suficiencia financiera de Cataluña", señalan las organizaciones. "
La Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio, y asumiría un poder normativo sobre éstos similar al que asumen las comunidades forales. Como en el sistema federal, la responsabilidad de administrar los recursos dispuestos directamente promovería una gestión responsable por parte de la administración catalana", explican.
En ese sentido, apuntan que este sistema "debe ir acompañado de un mecanismo de solidaridad" con el resto de territorios, "
favoreciendo que las energías políticas y sociales se centraran en cómo proveer los bienes y servicios públicos a los que aspiramos". El documento subraya la importancia de que el modelo sea "equitativo" y respete el principio de ordinalidad.
"Debe asegurar que todos los ciudadanos puedan recibir servicios públicos básicos similares con independencia del lugar donde residen", indica. "Debe garantizar que las comunidades que más aportan no pierden posiciones en el ranking una vez que han operado los mecanismos de solidaridad, y debe
asignar los recursos teniendo en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios", añade.
Inversión con respecto al "potencial económico"
Sobre el principio de ordinalidad, las organizaciones civiles y empresariales subrayan que
"las comunidades que más aportan no deberían ser las que menos reciben". En ese sentido, afirman que con el actual modelo Cataluña es la segunda comunidad (excluyendo las comunidades forales) en términos de Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, pero se sitúa en el décimo lugar en recursos recibidos y cae en el puesto decimocuarto si se tiene en cuenta la diferencia del coste de la vida.
Según el documento firmado, "el sistema actual contempla un conjunto de variables específicas para asignar los recursos, como la estructura por edades de la población o la insularidad, pero no incluye el diferencial en el coste de la vida en los distintos territorios". Por ello, indican que es necesario
tener en cuenta el coste de la vida "para garantizar que no se produzca una pérdida de renta familiar disponible real en ningún territorio".
Las organizaciones defienden que territorios como Cataluña, "con una
mayor densidad de población y potencial económico, deben recibir un volumen de inversiones proporcional y adecuado a sus necesidades, y en consonancia al peso en términos de PIB en el del conjunto del economía española". Asimismo, piden que se garantice una mayor correspondencia entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta, y que se habilite mecanismos transparentes y efectivos de rendimiento de cuentas respecto al grado de ejecución.
Propuesta de Cataluña sobre el modelo de financiación
La portavoz del Govern,
Patrícia Plaja, ha "celebrado" que esta reclamación de las organizaciones catalanas. "Es un clamor", ha manifestado sobre la financiación singular para la comunidad. "Hace falta toda la fuerza del país porque es otro de los imposibles que han dicho durante mucho tiempo y dejará de serlo. Estamos convencidos de que en el Govern que lo lograremos. Dejar de estar en un régimen común y
salir de un modelo que hace que paguemos mucho más de lo que recibimos en servicios", ha señalado.
Además, Plaja ha informado que la propuesta de u
n nuevo modelo de financiamiento del Ejecutivo de Pere Aragonès "está casi lista". "En cuestión de semanas estará encima de la mesa", ha asegurado. Asimismo, ha subrayado que el Govern "es la punta de lanza de los grandes consensos y reivindicaciones del país". "Hace tiempo que reclamamos una financiación singular que termine con este maltrato a los ciudadanos", ha sentenciado.
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