Los sanitarios catalanes podrán ser testigos de últimas voluntades en abril

Los profesionales sanitarios de Cataluña podrán cumplir con la función de testigo en el otorgamiento de las voluntades anticipadas de los pacientes a partir del próximo 7 de abril, tal y como ha especificado este miércoles el Departamento de Presidencia en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). “Esta posibilidad permitirá agilizar la tramitación del documento y facilitar su otorgamiento y presentación sin perder el debido rigor en la prestación del testimonio”, argumenta la norma.

Y es que, tal y como prosigue la explicación en la resolución, reconocer a los profesionales sanitarios el papel de testimonio en el otorgamiento del documento de las voluntades anticipadas “no implica más que completar a través de una continuación lógica la función que ya prestan actualmente”. En ese sentido, el nuevo ‘derecho’ de los profesionales sanitarios permitirá, según subraya el decreto, agilizar la tramitación de la inscripción del texto en el Registro de voluntades anticipadas. Tramitación que “ya puede realizarse desde los centros sanitarios”, recalca el Diario Oficial catalán.

Pero, además de acelerar todo el proceso, el Govern defiende que esta modificación legislativa debe “contribuir a desburocratizar el proceso asistencial”, así como a mejorar el tiempo dedicado a la atención de los pacientes. “Y, en general, a facilitar a los equipos sanitarios la prestación de dicha atención, puesto que con el aumento del número de pacientes que otorguen el documento de voluntades anticipadas y pudiendo acceder electrónicamente a los documentos otorgados podrán conocer más rápidamente y de forma más precisa las opciones de las personas bajo su cuidado”, especifica el DOGC.

Cambio impulsado por el Parlament

A finales del mes pasado, el pleno del Parlament de Cataluña aprobó un cambio de la ley sobre los derechos de información concerniente a la salud y autonomía del paciente y la documentación clínica, con el fin de facilitar la obtención del documento de últimas voluntades. La modificación, impulsada por PSC-Units, Junts y En Comú Podem, recibió el visto bueno de los grupos de ERC, CUP y Vox y la abstención de Ciutadans y PP, quedando aprobada la nueva norma.

Además, el Govern incide en que la partida económica que este cambio normativo puede conllevar se fijará en los presupuestos de la Generalitat y que, por lo tanto, son “exigibles a partir del ejercicio presupuestario posterior a su entrada en vigor”. Es decir, que el primer monto para invertir en dicha ley podría incluso darse este mismo año, pues el Parlament todavía no ha aprobado las cuentas para el 2024 debido las diferencias que los diferentes grupos parlamentarios tienen respecto a la accesibilidad a la sanidad catalana así como a sus listas de espera.