La sanidad catalana responde con silencio a las amenazas de Lluís Llach

La sanidad catalana guarda silencio ante las amenazas de sanción a los funcionarios, “sean los que sean”, que no acaten la ley de desconexión y que esta pendiente de aprobación por el Parlament . Este es el mensaje  que viene lanzando el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, en diferentes conferencias públicas durante los últimos tres meses, y sobre el que no ha habido respuesta oficial por parte de ningún colectivo sanitario, así como tampoco se ha valorado desde la Consejería de Salud.

Este medio de comunicación ha intentado conocer la opinión de los médicos y las enfermeras catalanes, que han preferido no enjuiciar las declaraciones de Llach, en las que  sostiene que las leyes que deberán seguirse, una vez se dé luz verde a dicha norma, serán las catalanas, por lo que los funcionarios deberán obedecerlas. "En todo caso, los funcionarios deberán preguntarse: 'Y si no obedezco esta ley catalana, ¡ostras! ¿qué pasará?", ha afirmado el también cantautor.

Sin respuesta oficial

"Existe la posibilidad de que alcancemos la independencia y, por tanto, la gente deberá pensar seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana que, si llegamos a la independencia, le pedirá responsabilidades. Cuando las cosas vayan seriamente, Cataluña será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en funcionamiento, los que no respondan a la legalidad catalana podrán ser sancionados por el Estado catalán", ha subrayado..

Así, desde la Consejería de Salud catalana han preferido no opinar sobre las declaraciones públicas del compañero de partido del consejero de Salud, Antoni Comín. Algo más concreta ha sido la respuesta del Govern que ha explicado en declaraciones a El País que "ningún funcionario será expuesto en ningún momento a ningún tipo de riesgo". 

Crítica sindical

En cambio, los principales sindicatos de clases como CCOO y CSIF han exigido al Presidente de la Generalitat que "garantice la seguridad jurídica de los trabajadores y trabajadoras públicos".

"El Gobierno de la Generalitat tiene la obligación de velar por la seguridad jurídica de sus trabajadores y trabajadoras y de garantizar que éstos no incurrirán en responsabilidades administrativas en una posible situación de confrontación o confusión de legalidades", han denunciado desde CCOO a través de un comunicado. En la misma línea ha seguido el comunicado de UGT que ha tachado de "irresponsabilidad" las declaraciones de Llach, y piden que "la Generalitat se desmarque".

Por su parte, CSIF ha manifestado que "se opondrá con toda la firmeza del Estado de derecho a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso de desconexión".