El recurso judicial destaca que la inversión estaba valorada en "340 millones de euros y 900 puestos de trabajo"

La Fiscalía prevé que el ‘procés’ dejará a Barcelona sin la EMA
Manuel Maza, fiscal general del Estado.


2 nov. 2017 12:30H
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El texto de la querella de la Fiscalía General del Estado contra excargos del Govern, entre los que se encuentra el exconsejero Antoni Comín, ha alertado de que la declaración de independencia supone la “potencial pérdida” de la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en Barcelona, lo que supone pérdidas de "oportunidades".

Así lo señala el texto que incide en que la crisis política catalana ha supuesto la pérdida de esta inversión que está valorada en “340 millones de euros de presupuesto y 900 puestos de trabajo”. De este modo, “España perderá también oportunidades de inversión”, señala la querella.

“Solo a título de ejemplo puede citarse la potencial pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, actualmente localizada en el Reino Unido, y respecto de la que la UE ya había anunciado que la mejor ciudad situada para acogerla era Barcelona”, reza el texto.

La querella alerta de que el proceso soberanista que han llevado los grupos independentistas en la Generalitat de Cataluña ha causado “inseguridad jurídica y la incertidumbre económica”, un punto en el que destaca todas las empresas que han huido de la región.

La querella

El fiscal general del Estado, Manuel Maza, anunció que la querella se iba a interponer en la Audiencia Nacional contra los exconsejeros y el expresident Carles Puigdemont por delitos de sedición, rebelión, conexos y delitos de malversación de caudales públicos. Asimismo, el Ministerio Público entiende que estas razones han provocado que Ciudad Condal se retire de la competencia por hacerse con la agencia.

El pasado 31 de octubre el exconsejero de Salud Antoni Comín y el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont  viajaron hasta Bruselas, capital europea donde se decidirá el próximo 20 de noviembre qué ciudad acogerá la sede de la EMA, para denunciar que España no es un país "garantista" con los derechos humanos.
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