La ley de ruptura deja en 'punto muerto' a la sanidad catalana

Junts Pel Sí y la CUP han presentado este lunes la ley de ruptura que se aprobará antes del referéndum del 1 de octubre. La norma, que entraría en vigor si gana el ‘sí’ a la independencia en la consulta, no recoge cuál será la situación de los servicios públicos en caso de una hipotética república catalana. Aunque la norma recoge aspectos judiciales y administrativos, deja en punto muerto cualquier modificación de la situación de los servicios públicos, entre ellos la sanidad. En este sentido, del texto se interpreta que en los primeros pasos de una hipotética república catalana, los hospitales, centros de salud y profesionales sanitarios que trabajan en ellos continuarán con su labor de la misma forma que en una Cataluña no independiente, a la espera que el jefe de estado, el presidente de la Generalitat, decida algo diferente en el futuro.

Aunque la nueva ley no especifica cambios en la sanidad catalana, sí contempla que la nacionalidad catalana sea necesaria para los puestos que "impliquen el ejercicio de poder público y la salvaguarda de intereses generales" en la Administración General y Local de Cataluña y también en la Administración de Justicia. Cabe destacar que esta ley será válida hasta la redacción de una constitución definitiva, en la cual se deberá especificar qué personal funcionario está afectado por esta norma.

El marco presentado este lunes, sin embargo, contempla la “continuidad del derecho vigente” en su décimo artículo que asegura que “las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de entrada en vigor de esta Ley, se continúan aplicando en todo lo que no contravenga la presente Ley y el derecho catalán aprobado con posterioridad”. 

Contratación de urgencia

La ley de ruptura también contempla la posibilidad de que la "Administración General de Cataluña puede incorporar en plazas especiales el personal funcionarial que sea imprescindible para garantizar el funcionamiento normal de servicios públicos, a partir de un procedimiento de urgencia". Este artículo subraya que el procedimiento debe ser "excepcional y transitorio, que tiene que respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia y libre concurrencia". Sin embargo, tampoco especifica si la Generalitat podría incorporar a sanitarios de manera urgente.

De la administración nacional a la catalana

La norma también prevé que el personal que preste sus servicios en la Administración General del Estado en territorio catalán pueda incorporarse a la administración catalana. De la misma forma, las personas con nacionalidad catalana que presten sus servicios al estado fuera de Cataluña, también podrán solicitar su incorporación a la administración de la Generalitat.

El nombre completo del texto es el de ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’ y en él se recogen 89 artículos y tres disposiciones adicionales que estarían en vigor desde el ‘sí’ en la votación hasta la redacción de una constitución definitiva. La ley de transitoriedad estima que Catalunya será república "al 100 por cien" antes de un año y señala los pasos jurídicos si gana el 'sí' a la independencia: se abriría un plazo de seis meses para que los partidos y el Govern preparen unas elecciones constituyentes y sienten las bases de este proceso. Entre los otros puntos se encuentra la definición de la nacionalidad catalana y del sistema jurídico catalán. Además, se define el papel del presidente, entonces jefe de estado, y del resto de miembros del gobierno.