La Generalitat valora si debe reembolsar el euro por receta

Redacción. Barcelona
Los servicios jurídicos de la Generalitat estudian si la Administración deberá reembolsar la tasa del euro por receta suspendida y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional al entender que la sentencia, remitida hace una semana es "poco clara".

Boi Ruiz.

Así lo ha señalado este jueves el consejero de Salud, Boi Ruiz, que ha asegurado que "cuando lo tengamos decidido pondremos en conocimiento de los ciudadanos qué es lo que deben hacer para reembolsar este dinero y si se debe retornar en función de la sentencia".

El sindicato Metges de Cataluña se ha mostrado contrario a que la Consejería de Salud devuelva la tasa del euro por receta suspendida por el TC, porque causaría un nuevo perjuicio a un sistema sanitario con un "presupuesto debilitado".
El secretario general de esta organización, Francesc Duch, ha argumentado que el daño sobre la salud de los ciudadanos que pudiera causar esta medida por implicar una barrera de acceso en las poblaciones vulnerables ya está hecho.

"Por tanto, si se tuviera que devolver, no evitaremos los perjuicios causados y provocaremos un perjuicio unos presupuestos que ya de por sí son escasos", ha dicho el secretario general de MC, que ha defendido que, en caso de ser obligado por sentencia, esta devolución la debería hacer la Consejería de Economía. El sindicato, mayoritario en el sistema sanitario, se felicitó de la suspensión del euro por receta por suponer un "doble peaje" para los pacientes catalanes, que castigaba especialmente a enfermos crónicos y con pluripatologías, siendo insuficientes los 127.000 pacientes exentos del pago.

La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro del euro por receta desde su implantación el 23 de junio de 2012 hasta su suspensión el 15 de enero de 2013, aunque cifró en 198 millones el coste de suprimir esta tasa, dado que más allá de la recaudación directa preveía ahorros superiores a los 100 millones.

La tasa se diseñó con un tope máximo por persona para evitar penalizaciones a los enfermos crónicos, aunque los datos demuestran que el 5,5 por ciento de la población que más fármacos consume aportó hasta el 32 por ciento de lo recaudado, y ello a pesar de que hasta 127.000 personas fueron excluidas del pago del impuesto por considerarse vulnerables.