La Generalitat encarga un estudio para revisar 64 tasas administrativas

Boi Ruiz, consejero de Salud.

Redacción. Barcelona
La Consejería de Salud de la Generalitat ha encargado un estudio por valor de 35.401 euros para revisar las 64 tasas administrativas que son de su competencia, según consta en los informes de contratación pública de la Generalitat.

El informe, cuya elaboración fue asignada a la consultora Soec Sc, se ha negociado sin publicidad (por su cuantía económica, tal y como establece la ley) y fue encargado el 27 de diciembre con una duración de un mes, por lo que Salud ya dispone de él.

Fuentes del departamento que dirige Boi Ruiz han subrayado que tras el documento no existe "ninguna intención" de subir estas tasas, sino que responde a una auditoría previa de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en la que se alertaba a Salud de que la justificación jurídica de estas tasas era manifiestamente mejorable.

De hecho, las tasas son contraprestaciones económicas a un servicio que presta la Generalitat y, al considerarse precios públicos, éstas no puede ser superiores al coste del servicio, han precisado las mismas fuentes.
"El informe no se utilizará" en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2013 que se está discutiendo, si bien Salud ha reconocido que algunas de estas tasas están desfasadas o por debajo del precio que deberían reflejar.

Las tasas administrativas reflejan los precios que deben pagar los interesados que quieran tramitar autorizaciones administrativas de centros sanitarios, verificación de buenas prácticas, inspecciones en la industria farmacéutica o la tramitación de licencias sanitarias, entre otras, y los precios oscilan entre los 20 euros y los más de 1.000 (una minoría).

El impacto para la población es "prácticamente inexistente", ha insistido Salud, ya que las tasas no las paga la ciudadanía, sino los particulares interesados en procedimientos concretos.

900.000 euros

La Sindicatura de Cuentas ya advirtió en 2007 que la Consejería de Salud había dejado de ingresar casi 900.000 euros entre 2002 y 2004 por no hacer efectivo el cobro de tasas sobre las que tenía competencia, en unas 50.000 actuaciones que se realizaron durante estos tres años.

La mayoría de las tasas que no se cobraron correspondían al control sanitario de animales y a sus productos derivados, unas actividades que entonces suponían el 82% del grueso de la recaudación efectiva de ingresos por tasas, que fue de 5,8 millones en el ejercicio de 2004, según la Sindicatura.