La Fiscalía de Bruselas ordenará a la Polícia detener al exconsejero Comín

La Fiscalía de Bruselas ordenará a la Policía detener al exconsejero de Salud, Antoni Comín, así como al resto de exmiembros del Govern catalán que actualmente se encuentran en Bélgica: el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los extitulares de Enseñanza, Clara Ponsatí, de Cultura, Lluís Puig, y de Agricultura, y Meritxell Serret.

En las próximas horas, los exdigirentes políticos serán llevados ante un juez de instrucción que decidirá sobre la tramitación de las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) dictadas por la Audiencia Nacional, según han informado fuentes de la Fiscalía de Bruselas a Europa Press.

“Para que un juez sea mandatado las personas buscadas deben ser privadas de libertad primero”, ha explicado el portavoz de la Fiscalía bruselense y magistrado Gilles Dejemeppe, que asegura que hasta que no sean detenidas no se establecerá la jurisdicción de la causa y, por tanto, no se puede asignar juez. El magistrado también ha recalcado que este arresto les “dará derechos, como por ejemplo poder consultar las euroórdenes emitidas por la juez Carmen Lamela y a las que, hasta ahora, no han podido acceder los afectados ni sus abogados.

La Fiscalía ha indicado que ofrecerá más información sobre el caso a partir de las 14:00 horas, después de que le transfieran las órdenes europeas a última hora del sábado, tras constatar que es “muy probable” que las cinco personas buscadas se encuentren en Bruselas.

Los pasos de la euro-orden

El juez que instruirá el caso será designado en un máximo de 24 horas desde la detención de las cinco personas que reclaman las autoridades judiciales españolas y, a partir de ahí, éste tendrá otras 24 horas para decidir si la petición se ajusta a derecho. También decidirá si Puigdemont y los otros cuatro miembros del exGovern deben “permanecer en prisión o puestos en libertad bajo condiciones” que impidan su huida, como la retirada de pasaporte o la vigilancia electrónica.

El tercer elemento sobre el que debe dirimir el juez de instrucción es si hay alguna “causa de rechazo” para denegar la euroorden, como por ejemplo que los buscados fueran menores de edad o que haya riesgo para los Derechos Fundamentales. Si el juez concluye que las euroórdenes son ejecutables trasladará entonces el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas.

Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva. La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.