El exconsejero de Salud de Cataluña, Antoni Comín.
En febrero de 2017, apenas un mes después de que
Antoni Comín asumiera el cargo de consejero de Salud de Cataluña,
el ya cesado titular de la sanidad catalana anunciaba su compromiso con la
transparencia de las listas de espera. Un deber que no alcanzó las cotas esperadas, pues en abril de 2017
fue Ciudadanos quien llevó al Parlament la necesidad precisamente de acabar con la
opacidad de tales listas.
Sin embargo,
los problemas de transparencia de Comín no terminan en el trabajo que desempeñó al frente de la Consejería sino que
afectan directamente a la Fundación que él y su familia gestionan en torno a la memoria de su padre, el destacado político socialista
Alfons Comín, fallecido en 1980. Según ha podido saber este periódico de fuentes jurídicas de la Generalitat de Cataluña, la Fundació Alfons Comín todavía no ha facilitado la memoria económica del año 2016.
“El 26 de julio de este año se reclamó a la Fundación la presentación de la memoria. Aún no tenemos constancia de su presentación”, aseveran dichas fuentes. Y es que según la Ley de Fundaciones, “una vez cerrado el ejercicio (a fecha 31 de diciembre),
la entidad tiene un plazo de 6 meses para aprobar las cuentas y
30 días para presentarlas”. Es decir, que la fecha límite para entregar los balances era el pasado 31 de julio de 2017.
Cuatro meses después, el Departamento de Justicia de la Generalitat catalana sigue esperando las cuentas mientras que sí recibió a su debido tiempo la memoria de actividades.
Creada en el año 1983, esta entidad jurídica afirma en su página web oficial que “sus principales objetivos
han sido publicar la Obra Completa de Alfons Comín y trabajar en la línea del compromiso social, político y religioso que animó su vida”. Asimismo, alegan que se trata de “una institución independiente de todo grupo político, económico o religioso, lo cual le confiere gran libertad a la hora de abordar los temas que considera prioritarios”.
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