Imputados cinco ex altos cargos de Salut por no vacunar a policías

El juez imputa a cinco ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya por los posibles delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores al no vacunar a policías y guardias civiles durante la primera fase de la pandemia en Cataluña, según ha adelantado El Mundo. En la causa se encuentran implicados la que entonces era consellera de Salut, Alba Vergés, y también Josep Maria Argimon, en aquellos momentos secretario de Salut Pública, y que más tarde también ocuparía el cargo de máxima responsabilidad en la sanidad catalana.

Junto a ellos dos, se enfrentan a los delitos Francesc Xavier Rodríguez Guasch, entonces director de servicios del Departament de Salut; Adrià Comella, entonces director del Servei de Salut de Catalunya; y Marc Ramentol, quien era director general de Coordinació Interdepartamental.

El caso parte de una denuncia impulsada por el sindicato de la Policía Nacional, Jupol y la Asociación de la Guardia Civil, Jucil. Según ha podido saber Redacción Médica, el entorno de Argimon manifiesta que está "tranquilo" a la espera que se aclare todo en el juicio. De mientras, a raíz de la baja como aforada de Vergés, que fue diputada en el Parlament hasta el pasado junio, se ha realizado el trámite para trasladar la causa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al juzgado que corresponde.

Prevaricación y delito contra los trabajadores

El juzgado de instrucción número 17 de Barcelona concluye que las diligencias practicadas "realizan suficientes indicios racionales que permiten considerar suficientemente acreditados los presupuestos del delito de prevaricación administrativa y el delito contra los derechos de los trabajadores".

"Se evidencia que concurren los presupuestos de prevaricación administrativa ya que nos encontramos ante una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del Departament de Salut contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polícia y Guardia Civil destinados en Cataluña, y ha sido declarado por el TSJC", señala el auto de conclusión de la instrucción.

En este caso el magistrado se refiere al posicionamiento del TSJC, que dio la razón a Jupol y Jucil en el recurso contencioso administrativo contra Salut por anteponer a los agentes de los cuerpos autonómico y municipal en su estrategia de vacunación antes que al resto de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado destinados en Cataluña.

Así, el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona determina que "la decisión de paralizar la vacunación de estos colectivos no podía ser adoptada por la administración autonómica". En cuanto al delito contra los derechos de los trabajadores, el auto apunta que "se aprecian indicios racionales de que con la cuestionada decisión adoptada se puso en grave riesgo la salud e incluso la vida de miles de funcionarios de policía a los que se privó de vacuna en plena pandemia, al tiempo que se les exigía cumplir con las funciones que les vienen legalmente encomendadas y por todos conocidas".