Hacienda denuncia a Comín por los gastos del referéndum del 1-O

El Ministerio de Hacienda ha denunciado al expresidente catalán Carles Puigdemont, así como a todos sus exconsejeros (entre los que se encuentra el de Salud, Antoni Comín) y a las plataformas ANC y Òmnium ante el Tribunal de Cuentas para que el organismo fiscalizador investigue los costes del referéndum del 1 de octubre, según han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el que denuncia el uso de dinero público en el referéndum independentista. Quiere Hacienda que la Fiscalía inicie las “actuaciones oportunas” encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó.

Deben aclararse los fondos públicos destinados a este fin

Además, Fernández de Moya precisa que deben aclararse todos los fondos públicos destinados a este fin, incluidas las subvenciones que recibieron la ANC y Òmnium, cuyo papel en la promoción y organización del referéndum “parece evidente -dice- a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación”.
Cuando se determinen los daños al erario público y sus eventuales responsables, pide que se identifique a la Generalitat como responsable y que se le reclame “tras el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable las indemnizaciones procedentes”.

De este modo, el Tribunal de Cuentas podría someter a Puigdemont y a sus exconsejeros a un expediente de responsabilidad contable similar al que ya tienen Artur Mas y otros miembros de su Govern por el referéndum del 9 de noviembre. En este caso, el Tribunal de Cuentas fijó una fianza de 5,2 millones de euros para Mas por el desvío de dinero público para el referéndum del 9N, de los que ya ha depositado 2,2 millones.

Definir las responsabilidades del Govern en el 1-O

Fernández Moya ha remitido un extenso escrito con el que el Gobierno emplaza al Tribunal de Cuentas a definir las responsabilidades que corresponda exigir a todos los miembros del cesado Govern de Cataluña, así como a los responsables de Òmnium y ANC “por su actuación de dotación de medios humanos y materiales, organización y promoción del referéndum” del día 1-O.

Acompaña el escrito de numerosas referencias y de un relato de los hechos que, a juicio de Hacienda, evidencian la voluntad “directa y conscientemente decidida” de emplear medios y recursos públicos “para un fin manifiestamente ilegal”.

Del mismo modo, se adjunta un listado de actuaciones desarrolladas por el expresidente y sus exconsejeros hasta la celebración de la consulta, como por ejemplo la presentación pública de las urnas, su traslado a los colegios electorales, la campaña institucional y los medios informáticos o aplicaciones para móviles. También considera que “precisamente por el ánimo de ocultar todo el proceso” no es posible en este momento definir la cuantía exacta de los daños producidos al erario público, si bien hace hincapié en “el ánimo doloso” en la ejecución de una actuación ilegal empleando recursos públicos por parte de la Generalitat y las plataformas independentistas.

Recuerda el secretario de Estado que hay un procedimiento por malversación de caudales públicos abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que, en su caso, “procedería reclamar del mismo las actuaciones practicadas para delimitar los daños y las personas responsables y fijarse así en eventual importe de las indemnizaciones”. Y explica todos los requerimientos que se fueron haciendo a la Generalitat para evitar que se destinase dinero público a un referéndum ilegal e incluso los escritos enviados a la Fiscalía General del Estado ante la falta de contestación o las respuestas incompletas del Govern.