Estas son las acusaciones del Supremo contra Antoni Comín

Antoni Comín, exconsejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, ha sido imputado este viernes con los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo. El magistrado ha determinado que Comín participó activamente en la organización y celebración del referéndum independentista del 1-O.

"En esta actividad, las conversaciones telefónicas intervenidas reflejan la participación de Antoni Comín Oliveres, consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, y Josep María Jové i Lladó, como responsables destacados en la búsqueda de locales donde instalar los colegios electorales", ha asegurado el magistrado en su auto.

Además, el delito de rebelión del que se acusa al exconsejero se fundamenta en que: "Antoni Comín, para asegurar que la cesión de estos centros de votación quedaba exclusivamente sujeta a su decisión personal, acordó la destitución de los representantes del Gobierno en los 29 consorcios sanitarios y entidades públicas sanitarias de Cataluña, nombrándose presidente y responsable en todos sus consejos rectores", según se desprende del documento.

Lo cierto es que Antoni Comín instrumentalizó su cargo para beneficiar al 'procés', ya que puso a merced de la 'causa' los espacios necesarios para que se llevase a cabo la votación ilegal del 1-O. "Asumió el control de los locales dependientes de su Consejería para garantizar su puesta a disposición para el referéndum y asegurar su éxito", ha afirmado Llarena en el auto.

Fondos para la 'causa'

A pesar de ello, el juez no solo le acusa de un delito de rebelión, sino que le imputa otro por malversación de fondos públicos. "De otro lado, permitió la utilización de su departamento para soportar el gasto derivado de imprimir las papeletas para la votación, así como de elaborar un censo electoral o de hacer las citaciones a los componentes de las mesas electorales", afirmación de la que se deduce que Comín puso a disposición del ‘procés’ una cantidad ‘opaca’ para financiar algunos de los gastos necesarios para llevar a cabo la votación ilegal.