![]() Xavier Pomés. |
Redacción. Barcelona
La dirección del Hospital Sant Pau de Barcelona ha pedido al Protectorado de Fundaciones de la Conselleria de Justicia de la Generalitat que intervenga el centro para "garantizar la viabilidad" del mismo, ante el actual escenario de demandas judiciales que comprometen el hospital, ha explicado el presidente de la fundación gestora del centro, Xavier Pomés, en un comunicado.
El centro se ha puesto en manos de Justicia, lo que supone entregar la autonomía del centro, ya que cada decisión del centro deberá estar avalada y fiscalizada por el protectorado, así como por la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, ha informado este miércoles 'La Vanguardia'.
Fuentes de la Consejería de Justicia de la Generalitat han explicado que todavía no han recibido la petición formal del patronato, algo que después deberá estudiar el Protectorado.
La decisión "temporal", que podría ir de seis meses a un año, va más allá de la vigilancia económica que decidió hacer la Consejería de Salud de la Generalitat hace un año ante el déficit que arrastraba el centro, de 18 millones de euros en ese momento, y que también provocó el cese del entonces gerente Jordi Varela.
Según anunció Pomés la tarde de este martes a los 200 mandos del centro, el hospital está a punto de la más absoluta inviabilidad económica y resulta imposible gobernar.
El centro tiene varios conflictos abiertos, entre los que se encuentran una demanda ante Inspección de Trabajo de 11 millones de euros, por la que las horas de guardia de los profesionales sean consideradas como horas extra.
Recientemente, el Juzgado Social 21 de Barcelona declaró ilegal el descuento del 5% aplicado a los médicos en 2010 y 2012, al considerar el juez que el hospital se rige por una fundación privada, y siguen su curso las varias demandas presentadas por la médica Carmen Pérez y el comité de empresa por desviación de fondos, estafa y malversación de fondos en el pasado.
El Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del centro acordó reclamar esta intervención al Protectorado para que "tome las actuaciones jurídicas que considere" con el fin de dar garantías a todos los procesos que se deben iniciar en el futuro.
También quiere dar garantía jurídica a las decisiones del equipo directivo y decretar en cada momento aquellas decisiones que, ajustadas a derecho, se consideren más apropiadas dadas las necesidades del hospital.
Reestructuración del centro
Según el centro, esta situación es temporal y busca garantizar la viabilidad y la recuperación de la autonomía del centro, pero, en caso de no ser así, obligaría a una "total reestructuración del centro", ha añadido.
"La voluntad del patronato pasa por continuar haciendo todos los esfuerzos para luchar por la viabilidad y gobernabilidad del hospital, y hoy se hace un llamamiento de todos los estamentos del centro", ha remarcado Pomés, quien ve en esta petición la última oportunidad del centro tras años de conflicto.
El déficit acumulado del centro alcanza los 50 millones de euros, y el gerente del centro aplicó desde julio del año pasado a los trabajadores los ajustes de la función pública para rebajar el déficit de 19 millones que iba a hacer el centro en 2012.