El recorte de los funcionarios se extiende a servicios sociales

Redacción. Barcelona
El Govern ha acordado repercutir a los conciertos con las entidades públicas y privadas que prestan servicios sociosanitarios el recorte salarial de los funcionarios. Por ello, dejará de pagar el equivalente a una paga extra de los trabajadores públicos a los organismos que tienen conciertos con el Institut Català d'Asistència i Serveis Socials (Icass), como residencias y centros de atención a discapacitados.

Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia.

Así lo han confirmado diversas fuentes del sector, a la luz de un Acuerdo de Govern publicado el 28 de febrero en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc), que regula que este recorte se aplicará con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de este año, por lo que las entidades deberían devolver las cantidades recibidas. Aún así, fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat han explicado que el decreto todavía no ha empezado a aplicarse y que se está analizando esta medida junto a las entidades del sector, especialmente las de titularidad privada, que rechazan que se les aplique este ajuste.

De hecho, la rebaja salarial de los funcionarios viene repercutiendo a los conciertos con las entidades públicas desde 2010, pero este año, como novedad, la reducción también se aplicará a las privadas. El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias de Cataluña, Upimir, Vicente Botella, ha criticado esta decisión, que supone un recorte del 7,4% en los módulos de conciertos con las entidades privadas, según sus cálculos: "El sector está asfixiado y si ahora nos aplican este tijeretazo, desapareceremos".

Botella ha confiado en que el Govern rectifique porque, según él, "no puede ser que los centros colaboradores sigan cobrando igual y los concertados suframos una reducción", y ha rechazado que el tipo de contrato que una entidad privada establece con la Generalitat deba determinar las cantidades percibidas. Además, ha calificado la decisión del Govern de "aberrante", y ha lamentado que, aunque le consta que desde el Icass se está trabajando para lograr una rectificación, todavía no se ha conseguido ningún acuerdo.

El Acuerdo de Govern señala que se repercutirá una reducción equivalente a la deducción retributiva de los funcionarios "a las entidades no incluidas en el sector público de la Generalitat", lo que afectará también a entidades privadas que llevan a cabo programas sanitarios, como por ejemplo de drogodependencia y VIH, a través de los conciertos que perciben de la Generalitat. La Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat está en contacto permanente con el sector para concretar la aplicación y análisis de esta medida, pues se centra en todos los módulos de concierto pero deja un amplío margen de interpretaciones.