El consejero Antoni Comín en la Comisión de Salud junto a la presidenta del órgano, Alba Vergés.
27 oct. 2017 9:00H
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La situación de excepcionalidad que vive Cataluña se ha llevado por delante el normal funcionamiento de las instituciones catalanas. No ha hecho falta esperar al Artículo 155 para que muchos de los organismos que componen el autogobierno catalán hayan dejado de funcionar. El Parlament de Cataluña, expresión del poder legislativo, lleva mes y medio cerrado. Este viernes se cumplen 100 días de la última vez que se celebró la Comisión de Salud.
Tres semanas antes del Referéndum del 1 de octubre, declarado inconstitucional, la mayoría del Parlamento de Cataluña decidió cerrar la cámara y no convocar sesiones hasta después de la votación en una polémica sesión. Desde entonces los diputados de la oposición no pueden realizar sus funciones de control.
En el caso de la Comisión de Salud, que debe ejercer el control sobre las políticas de la Consejería del ramo, que dirige Antoni Comín –uno de los consejeros independentistas de la línea más dura–, a la suspensión de septiembre se suma el parón veraniego. Esta comisión se reunió por última vez el 12 de julio. Tras ello llegó el cierre del Parlamento por el periodo estival y después el cierre excepcional por el referéndum sin que, entre medias, se convocase este órgano.
Así las cosas, las preguntas parlamentarias y peticiones de comparecencia se acumulan. La oposición no puede ejercer su labor de control y la sanidad catalana funciona en modo ‘piloto automático’, con un consejero con una agenda copada más por el programa independentista que por el día a día sanitario y con un poder legislativo literalmente suspendido y no precisamente por órdenes de Madrid.
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