El juez cree que Innova contrató ilegalmente a Batesteza

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Tarragona) ha cerrado la instrucción de la pieza separada 2 del caso Innova que investiga la contratación del excargo del CatSalut Jorge Batesteza para el seguimiento de las obras del Hospital del municipio, y concluye que hubo múltiples irregularidades.

En el auto del 11 de octubre, el juez procesa a Batesteza, al exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez; al entonces director general de Innova Josep Prat; a la entonces directora económica financiera de Innova Ester Ventura; a la que fue secretaria y responsable de la asesoría jurídica Natalia Torrell; al director de obras de Innova José Vicente Gómez y al representante de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que hizo las obras Sergi Luqui.

El juez considera que la cúpula de la empresa municipal Innova participó en la contratación ilegal de Batesteza (exjefe de la División de Recursos Físicos del Servicio Catalán de Salud), produciéndose una "omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido" y le pagaron después por unos trabajos que no realizó. Sobre el alcalde Lluís Miquel Pérez, también consejero delegado de Innova, el juez considera que su participación fue "decisiva y determinante" porque presuntamente tenía conocimiento suficiente para saber lo que ocurrió con la contratación y que incluso fuese iniciativa suya.

Además, recoge que los cargos de Innova "maquinaron, influenciaron y recomendaron", en connivencia con el propio Batesteza y con Sergi Luqui que hacía las obras, que la empresa pública contratase a Batesteza como Project Manager a un precio más elevado del original para que pudiese cobrar simultáneamente de la UTE y de Innova por hacer lo mismo. Así, le contrataron en Innova de manera irregular, le pagaron por hacer trabajos que no realizó, hasta 387.000 euros, y además prestaba simultáneamente por servicios de asesoría técnica como arquitecto en el seguimiento y control de la obra del Hospital de Innova y de la UTE.

Según el juez, esto comportó una "colosal esquizofrenia contractual" porque Batesteza, a través de su empresa Bbats, cobraba por supervisarse a sí mismo. El juzgado considera que los hechos son indiciariamente delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, defraudación a la administración, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez da de plazo a la Fiscalía y las acusaciones hasta el 26 de noviembre para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o que pidan de forma excepcional la práctica de diligencias complementarias.