El Govern protegerá por ley el modelo catalán de estado de bienestar

Neus Munté y Francesc Homs.

Redacción. Barcelona
El Govern de Cataluña, en el Consejo Ejecutivo celebrado este martes, ha aprobado iniciar la tramitación de una ley marco con el objetivo de blindar el modelo catalán de estado del bienestar. Con la futura norma, inédita en democracia, según un comunicado de la Generalitat, el Govern “prioriza el mantenimiento de la cohesión social del país, un pilar especialmente importante en el actual contexto de crisis económica”.

Esta ley es "un punto de partida de una propuesta legislativa que quiere ser ambiciosa pero también de compromiso con las políticas sociales en Cataluña",  destaca la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

La ley tiene un doble objetivo: proteger el modelo de estado del bienestar catalán, que el Gobierno considera una"estructura de estado" y promover políticas de inclusión para "dar respuesta a las nuevas y duras necesidades sociales que han surgido como consecuencia de la crisis", informa Munté.

La Generalitat indica que el estado del bienestar está formado por el sistema de seguridad social, el sistema de salud, el de educación, el sistema de servicios sociales, las políticas para el empleo, las políticas de vivienda y otras actuaciones públicas. “Se trata de uno de los motores económicos generadores de riqueza y de equilibrio territorial. Esta nueva ley velará por la sostenibilidad presente y futura de las políticas sociales e incorporará los principios básicos de la solidaridad, la cohesión social, la responsabilidad personal, la universalidad, la colaboración público-privada y la corresponsabilidad, la iniciativa social; la equidad territorial y la eficacia, eficiencia y subsidiariedad”, indica la administración.

Paralelamente, la nueva ley supondrá una actualización de la normativa vigente y garantizará el equilibrio necesario entre la calidad y la sostenibilidad del sistema, siguiendo los preceptos de la Comisión Europea, que recomienda mejorar las estrategias de inclusión activa, hacer un uso eficiente y eficaz de los presupuestos sociales, así como simplificar los sistemas de prestación y su administración para asegurar que las personas más necesitadas reciban el apoyo adecuado.