Miquel Argenter: “El déficit persiste porque el Ministerio ha parado el decreto de 2012”

Javier Barbado. Madrid
El Ministerio de Sanidad, de manera informal, “parece tener en mente dejar parado” el Real Decreto 16/2012 en lo que atañe a las medidas específicas de contención del déficit y eso, a juicio del entrevistado, se ha traducido en que Cataluña acuse en 2013 un déficit de 409 millones de euros en su prestación sanitaria pública. Con todo, la Generalitat se encontró a finales de 2010 con una deuda superior, en  concreto de 850 millones, de tal modo que, en solo tres años, la gestión de sus gobernantes ha reducido el déficit el 15 por ciento. Para el responsable de Recursos Económicos del Servicio Catalán de la Salud (Catsalut), Miquel Argenter, los catalanes no se libran de sacrificios como la supresión de la paga extra y otras restricciones presupuestarias en parte porque el Gobierno central no ha cumplido con lo que anunció en la mencionada normativa y, al mismo tiempo, debido a que impugnó la tasa del euro por receta que hubiera supuesto un ahorro de 100 millones de euros por año para las arcas autonómicas.

Miquel Argenter, jefe del Área de Recursos Económicos del Catsalut.

Según ha comprobado Redacción Médica por medio del Departamento de Economía autonómico, la cifra exacta de déficit en el conjunto de la sanidad de la comunidad autónoma durante el año 2013 es de 409 millones de euros. ¿Es correcto?

Esta cifra sería la del cierre del año 2013 y todavía es provisional dado que no la da por buena la Intervención General del Estado. Pero vamos, creo que van a ser las cifras definitivas. Pero a finales de 2010, cuando hubo un cambio de Gobierno en Cataluña, se cerró el año con un déficit de 850 millones de euros (o sea que la cifra de 2013 de 409 millones fue en 2010 de 850). Esta cifra de déficit, a pesar de que hemos sufrido una reducción del presupuesto cada año, por lo tanto se ha reducido.

En Cataluña [desde 2010 hasta la actualidad] se han llevado a cabo una serie de intervenciones para reducir el déficit. Me
refiero, por una parte, a las inversiones que hemos podido replanificar y reprogramar (hemos revisado una serie de criterios que se han ido cambiando con el tiempo en este sentido). Por otra parte, se ha ido haciendo también un proceso de reducción de los servicios administrativos o de dirección, tanto del Departamento de Salud como de las diversas empresas públicas (en este ámbito se ha hecho una reducción importante del número de empresas, muchas de ellas han concentrado servicios, etc.). Y también se ha reducido el gasto, por último, gracias al esfuerzo que han tenido que soportar los profesionales con la supresión de las pagas extra, la reducción de sustituciones, etc.

En estos años, el gasto desde 2010 a 2013, lo hemos reducido el 15 por ciento. Lo que ocurre es que el presupuesto también se ha debido reducir otro 15 por ciento más o menos. Entonces, sucede que no se ha podido absorber la totalidad del importante déficit que había en 2010 de 850 millones, y estamos en 409, pese a haber aplicado toda esa serie de medidas.

¿A qué atribuye este fracaso?

A partir  del Real Decreto 16/2012 el Gobierno español nos decía que se iban a ahorrar 7.000 millones en gasto sanitario. Eso no ha pasado. Todas aquellas medidas se propusieron en un momento en el que Europa nos estaba machacando porque no cumplíamos [con la contención del déficit].

Pero después, en el desarrollo de esas medidas, el impacto real que ha habido es el de la modificación de los copagos farmacéuticos; en nuestro caso, asimismo, el debido a la tasa de un euro por receta, que no era un copago en los medicamentos sino, como digo, una tasa que trataba de cubrir todo el gasto derivado de la implantación de la receta electrónica… Se trataba de una tasa sobre el servicio de prescripción, para entendernos, y no de un copago aplicado a los medicamentos. Lo que ocurre es que el Gobierno del Estado nos impugnó esa tasa, que nos hubiera permitido ajustar un poco más el gasto e incluso disfrutar de unos ingresos adicionales que calculábamos en unos 100 millones anuales que ahora han quedado aparcados hasta que el Tribunal Constitucional no lo resuelva. Por lo tanto, esas medidas generales que nos iban a servir a todo el sistema de salud para ajustarnos a estos tiempos de reducciones presupuestarias no han llegado a cubrir la necesidad de ajuste.

Y eso, ¿en qué se traduce?

Se traduce en que nosotros, después de todas las medidas que hemos aplicado, entendemos que esta cifra de 400 millones refleja un déficit estructural y, por lo que nos comunican otras comunidades autónomas, entendemos que todavía queda pendiente para el Sistema Nacional de Salud tomar medidas para garantizar su sostenimiento, las cuales pueden estar relacionadas con el sistema de financiación de las comunidades autónomas –que tocaba revisarlo este año– o que pueden estar relacionadas, por otro lado, con el análisis que haga el Gobierno para aplicar nuevas medidas o bien con el hecho de que éste se muestre dispuesto a aplicar definitivamente la normativa prevista en el Real Decreto 16/2012, en el que se refleja una serie de previsiones de ajuste de la cartera de servicios que, de hecho, no se han concretado todavía porque había que llevar a cabo un desarrollo reglamentario, la elaboración de los decretos, etc. Algo que todavía no se ha realizado y lo que, informalmente, el Ministerio de Sanidad parecía tener en mente era dejarlo de momento parado.

¿En qué repercute eso a Cataluña?

En unos niveles de déficit estructural importante. Ha de tenerse en cuenta que, en Cataluña, todo el ámbito sanitario –incluida la Administración– no está cobrando la paga extra (cuando en el resto de España, en general, sí se está cobrando). Es decir, estamos aplicando medidas, pero entendemos que añadir otras sería entrar en un perjuicio para el propio servicio.

Nosotros hemos ido haciendo un seguimiento de los resultados sanitarios (que se presentan en el Parlamento cada seis meses) monitorizando determinados resultados para ver cómo todo este impacto de ajustes que ha habido que hacer repercute en los ciudadanos, y lo que es evidente es que es así: impacta, por ejemplo, en las listas de espera de patologías o de procedimientos que pueden esperar (que no entrañan riesgo vital), lo cual no significa que al paciente no le dañe el hecho de tener que estar tres meses más esperando para operarse, por ejemplo.

Deducimos que la Generalitat no tiene previsto aplicar más medidas sino, más bien, esperar a que las cumpla el Gobierno central.

A ver: nosotros lo que estamos haciendo es aplicar todas las medidas ya tomadas hasta la fecha. La tasa por receta no la podemos volver a aplicar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie… Entendemos que tiene que buscarse una solución en el contexto del Sistema Nacional de Salud (SNS). Pensamos que las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante. ¿Qué no llegamos a los objetivos de déficit tal como reparte el Gobierno? Pues seguramente es verdad. Las mayores comunidades tienen desviaciones que están por encima de los objetivos de déficit que les asignan. Pero entendemos que el Estado tendría que ver, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, qué sucede con aquellos 7.000 millones que íbamos a ajustar con el Real Decreto 16/2012, es decir, cómo se puede hacer ese ajuste: o dedicamos, en el sistema de financiación, un poco más de dinero para el sistema sanitario, o bien consolidamos las medidas que se han podido ir haciendo y que ya han tenido un impacto para que hagan más sostenible el sistema.

Pero si no se consigue el objetivo de déficit, nosotros creemos –y así se lo hemos transmitido al Ministerio de Sanidad por medio de la Consejería de Salud y al Ministerio de Hacienda por medio de la Consejería de Economía– que el Gobierno del Estado debe tratar este asunto y, o bien con la financiación autonómica, o bien a través de un análisis de qué ajustes generales se puedan llevar a cabo, se pueda reducir este déficit estructura. Porque es un déficit de sistema.

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