Quim Torra y Alba Vergés.
El presidente de la Generalitat,
Quim Torra, ha ordenado este jueves mediante un decreto ley que
el Departamento de Salud de Alba Vergés asuma las competencias en materia de
intervención e información de centros de servicios sociales de carácter residencial que corresponden a la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad con motivo de la crisis sanitaria del
coronavirus Covid-19. De este modo, deberá encargarse de los centros de mayores así como de aquellos para personas con discapacidad física o intelectual.
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La propia Vergés ha reconocido este miércoles que
25 residencias que se encuentran, según admite, en “situación crítica”, mientras que en cinco centros se está elaborando aún el informe de salud pública para decidir qué tipo de intervención procede. En Cataluña,
una tercera parte de los 9.000 fallecidos son ancianos en geriátricos. Esta es la punta del iceberg, pues 122 residencias se encuentran en una “situación compleja” según calificó la consellera de Salud.
El decreto ley sostiene que “las unidades orgánicas del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y su personal adscrito que ejerzan funciones transversales” ejercerán sus funciones bajo los criterios de la consejería de Salud.
El Servicio de Inspección y Registro también pasará a estar al servicio de Vergés.
Coronavirus: Salud asumirá las labores informativas en las residencias
Con esta orden, Vergés también tendrá potestad sobre
los sistemas de información necesarios para gestionar las competencias asumidas por el Departamento de Salud que se lleven a cabo de manera unificada con otros recursos de carácter social deben garantizar “el mantenimiento de las
funciones de obtención y tratamiento de información en relación con estos centros y, a tal efecto, las unidades del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias responsables de su gestión deben poner a disposición del Departamento de Salud la información que este pueda requerir para el ejercicio correcto de las funciones que le son propias”.
En Cataluña, una tercera parte de los 9.000 fallecidos son ancianos en geriátricos
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También se ceden las competencias en materia de
contratación administrativa y de todos los actos de contenido económico que deriven de ella así como la competencia para autorizar y disponer de “
todo tipo de anotaciones contables relacionadas con los gastos, el reconocimiento de derechos y obligaciones, las modificaciones presupuestarias y otras facultades en materia de gestión económica, presupuestaria y contable, a través de los órganos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias”.
De esta forma, los gastos correspondientes a
expedientes de contratación administrativa y
contrataciones temporales para atender a la situación de crisis provocada por el coronavirus, correrán a cargo de los “créditos presupuestarios propios”.
Este decreto ley también regula medidas en el ámbito de diferentes entidades del sector público de la Administración de la Generalitat, como los contratos de arrendamientos urbanos, medidas en materia de inmuebles propiedad del
Instituto Catalán del Suelo (Incasol) o la regulación de residuos.
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