Puerta de una ambulancia con el logo de Ferrovial.
El procedimiento de adjudicación hecho por la Generalitat de Cataluña
a una filial de Ferrovial para rastrear los contactos de coronavirus Covid-19 en la región ha generado un amplio rechazo, tanto por parte de los profesionales sanitarios como de formaciones políticas, que exigen
que sean los especialistas de Atención Primaria los que se encarguen del seguimiento de los casos y no una empresa.
De esta manera, Salud externaliza el servicio y adjudica contrato a la filial de Ferrovial
por un valor de 17,7 millones de euros. Ha recibido críticas también porque el contrato
"se ha realizado sin concurso y amparándose en la normativa del estado de alarma".
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Los profesionales sanitarios han exigido la revocación del contrato.
Metges de Catalunya ha tachado de "indecente" externalizar a una filial de la empresa privada Ferrovial este trabajo. Considera "insultante" que Salud contrate por la citada cantidad de dinero y "solo destine 4,5 millones de euros
a reforzar este verano los centros de Atención Primaria (CAP) de la costa y los equipos de las residencias con mayor presión asistencial".
"La Atención Primaria es la red sanitaria con una mayor penetración geográfica y social, y, como tal, es la que está en mejores condiciones de poder
detectar los nuevos casos de Covid-19 y hacer el seguimiento de los contactos,
en estrecha colaboración con Salud Pública, siempre que se inyecten los recursos económicos y humanos suficientes".
En la misma línea se ha mostrado la
Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, cuyo presidente, Antoni Sisó, ha señalado que "es un error conceptual y de ineficiencia". "Los profesionales de la atención primaria conocemos a las personas y su entorno.
Nuestra intervención ha sido clave valorando la gravedad y haciendo seguimiento a domicilio", ha dicho en Twitter.
Asimismo,
el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmado en una entrevista que los centros de Atención Primaria están "entre los sitios más adecuados" para rastrear contactos por
su componente de "proximidad".
El sindicato de Enfermería lo ve "indignante"
Por su parte,
el sindicato de Enfermería Satse también ha exigido que "se revierta el contrato" con Ferrovial y que se haga un planteamiento del rastreo que use los recursos sanitarios públicos, tanto del Instituto Catalán de la Salud como del Siscat,
"y aproveche este dinero para invertir en la estructura profesional de los servicios sanitarios".
"Nos extraña que esta compañía sea la adecuada para llevar a cabo una tarea en la que se ha de estar familiarizado con
el entorno socioeconómico del enfermo y tener unos conocimientos sanitarios que permitan hacer unas valoraciones mínimas", ha razonado el sindicato en un comunicado.
"Más enfermeras es más calidad" en la atención de salud, han considerado desde el sindicato, que ha añadido que "hay que dejar de llenar los bolsillos de las empresas privadas y comenzar a
inyectar recursos económicos en la sanidad pública, ampliando las plantillas".
Formaciones políticas y vecinos de Barcelona
Por otro lado, formaciones políticas como
el PSC, cuya portavoz parlamentaria, Eva Granados, ha pedido al Govern que aclare qué criterios se siguieron para adjudicar a una filial de Ferrovial la externalización del rastreo de los contagios de Covid-19.
Y
la CUP ha presentado una moción en el Parlament para instar al Govern a rescindir "de forma inmediata" el contrato.
A las críticas se ha unido
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que también ha pedido la rectificación. En un comunicado, ha recordado que
el sistema sanitario público catalán ha debido soportar el grueso de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, a pesar de que "lleva muchos años debilitado por dos dinámicas que han condicionado su desarrollo: los recortes presupuestarios y la externalización de servicios hacia grupos privados".
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