Consejo de Ministros: Moncloa echa a Comín y asume la sanidad de Cataluña

Apenas dos horas y media después de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia de Cataluña, en torno a las 18 horas de este viernes, el Gobierno ha celebrado un Consejo de Ministros exprés para reaccionar al desafío soberanista y refrendar así, una por una, las medidas aprobadas por el Senado, recogidas en el BOE en su edición digital, unas horas antes para la activación del artículo 155 de la Constitución.

Además, Mariano Rajoy ha anunciado la convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre. "La sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña. El Gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias para responder al desafío. El Estado dispone de medios suficientes para, con todo el respaldo de la ley y la razón, disolver las amenazas a nuestra ley y convivencia", ha dicho el presidente del Gobierno.

Asimismo, Rajoy ha anunciado el "cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, cese del vicepresidente de Cataluña y cese de las consejerías, que pasarán a depender de los ministerios a los que correspondan", lo que de facto supone que Dolors Monserrat y el Ministerio de Sanidad llevarán la Consejería de Salud a partir de ahora. Además, se suspende el sueldo de Comín, Puigdemont y el resto de cesados.

"La independencia es desgarradora, triste y angustiosa. Eso es lo que sienten hoy todos los catalanes que no son independentistas. Ahora, de lo que se trata es de evitar más daños y devolver la normalidad a la vida ciudadana. No se trata de suprimir la autonomía de Cataluña, sino de devolverla a la normalidad", ha concluido.

Por la mañana, Carles Puigdemont había renunciado a convocar elecciones autonómicas por la "falta de garantías" para llevarlas a cabo bajo la tutela del Gobierno central. Más tarde, el Parlament aprobó a las 15:27 la independencia unilateral de Cataluña respecto del Estado español, después de una votación en la cámara sobre el texto de Junts pel Sí por el que se declara una "República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", en la que el resultado fue de 70 votos a favor, 2 abstenciones y 10 en contra.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución implica que el Gobierno central se hace con el control de las instituciones catalanas hasta la celebración de unas elecciones autonómicas gestionadas por el Estado, el próximo 21 de diciembre. De este modo, la toma de decisiones, la aprobación de medidas sanitarias y el control financiero pasan a ser competencia directa del Gobierno central.

El escenario que se abre en este momento es que será el propio Ministerio de Sanidad el que se haga cargo del Departamento de Salud. 

La Fiscalía pedirá 30 años de cárcel por rebelión

Por su parte, la Fiscalía General del Estado prevé incluir a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña en la querella por un delito de rebelión que está preparando tras la declaración unilateral de independencia aprobada este viernes por los parlamentarios, tal y como han informado fuentes fiscales.

La querella que se está preparando por el Ministerio Público y que inicialmente se anunció que se presentaría contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría incluir también al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del gobierno autonómico por la labor que están realizando para llevar a cabo su proyecto secesionista.

La rebelión, castigada con hasta 30 años de prisión, se recoge en el artículo 472 del Código Penal e incluye varios supuestos de aplicación, entre ellos el de ser responsable de esta conducta quien se alzare "violenta y públicamente" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional; derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; o destituir o despojar de facultades al Rey, entre otros casos.

En cualquier caso, las penas de prisión posibles varían según la gravedad del acto interpretado por la Justicia. En el caso de Carles Puigdemont, podría pasar en la cárcel de 15 a 30 años, una pena equivalente a la que podría sufrir Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán, en el caso de que se le considere "inductor" de la rebelión.

Agencia Pública de Salud

El consejero Antoni Comín aprobó esta semana la Ley de creación de la Agencia Pública de Salud, uno de los dos mecanismos con los que preparaba la hoja de ruta de la sanidad hacia la independencia de la comunidad. Pero la efectividad de este proyecto dejará de tener efecto ya que el presidente Mariano Rajoy ya ha confirmado la intervención de la Consejería con la entrada en vigor del artículo 155 con la misma publicación en el BOE.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, señaló que los efectos de la intervención no era tanto "asumir las competencias" como de que "los funcionarios del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña continúen manteniendo los servicios públicos y por lo tanto que los hospitales estén abiertos " para que se garantice el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.