Comín mintió y nunca activó su plan de salud mental para víctimas del 1-O

El 6 de octubre de 2017, el entonces consejero de Salud de Cataluña y ahora eurodiputado, Antoni Comín, visitó la localidad de Sant Iscle, situada en el Maresme. Allí anunció que su departamento iba a poner en marcha “un programa para atender a las personas que sufren trastornos emocionales” a consecuencia de las cargas policiales del referéndum ilegal de secesión celebrado el 1 de octubre de ese año. Lo hizo fotografiándose junto a varios afectados, argumentando que “muchas personas” sufrieron un “impacto psicológico y emocional” muy fuerte y habían quedado con secuelas psicológicas como consecuencia de la actividad policial que trató de impedir que los ciudadanos votaran aquel 1-O donde el Govern quiso decidir la independencia de Cataluña.

Sin embargo, Redacción Médica ha confirmado ahora que Comín nunca puso en marcha dicho programa para paliar esas presuntas situaciones de “estrés postraumático” que aquel día achacó a la “caravana del miedo que organizó el Ministerio del Interior”. Y es que según confirman a este periódico fuentes del servicio de Transparencia de la Generalitat de Cataluña: “Desde el Departament de Salut y desde el CatSalut no se puso en marcha ningún dispositivo específico con motivo de dichos incidentes”. Por tanto, la única opción de asistencia con la que contaron los que resultaron afectados por dichas cargas fue, según las mismas fuentes, la que ofrecen a diario “los dispositivos habituales que garantiza el sistema sanitario público para la atención psicológica y que se vehiculan a través de la red de centros de Atención Primaria y los centros de salud mental”. Es decir, que ni hubo programa ni seguimiento o abordaje específico para estas personas.

Este periódico ha tenido que recurrir al mencionado servicio de Transparencia de la Generalitat para conocer que este plan nunca se llegó a desarrollar, a pesar de haberse anunciado como un proyecto público y, por tanto, haberse tenido que dotar de inversión pública. Esto se debe a que durante las últimas semanas de Comín al frente de la Consejería de Salud, antes de que se fuera a Bélgica huido de la Justicia española, la única respuesta de su departamento de prensa a este medio cuando se solicitó conocer su puesta en marcha fue que se estaban “recopilando datos al respecto”.

Salud deslizó que sí lo había activado pero sin dar más datos

Un año después, el 18 de septiembre de 2018 y tras varias solicitudes para conocer detalles del programa como a cuánta gente se había atendido, con qué inversión había contado, cuántos profesionales sanitarios habían participado en él o qué tipo de patologías habían detectado, la Consejería de Salud mintió dando por hecho que el plan sí se había activado pero argumentando que no podía dar más datos. “La información que solicitas forma parte de un conjunto global de atenciones. Al no disponer de un desglose de las mismas, no podemos dar una respuesta concreta a tu petición”, señalaron fuentes de Salud a este periódico. Una respuesta que llegó cuando Alba Vergés ya había sustituido a Comín al frente de la Consejería sanitaria catalana.

Por tanto, Comín no puso en marcha el programa de atención psicológica publicitado y Vergés mantuvo la opacidad en torno al mismo desde el departamento de Salud que heredó de éste tras su huida a Bélgica, acusado de rebelión y malversación de caudales públicos por su participación en el referéndum independentista.

Una situación que tuvo una actualización relevante a finales de marzo de este año, cuando el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por Comín contra los autos del magistrado instructor Pablo Llarena y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en los que se acordó su procesamiento por el referéndum independentista del 1-O. Una situación judicial cada vez más complicada que el ahora vicepresidente del Consell per la República conjuga con un nuevo intento de reflotar su posición política anunciando la creación de una red diplomática propia con cónsules honorarios para “internacionalizar” un 'procés' catalán cuyo futuro cada vez se juega más dentro de las fronteras catalanas y españolas.