Cataluña reformará su sanidad concertada para acercarla al marco europeo

El Servicio Catalán de Salud (CatSalut) integrará en el sistema sanitario público a sus entidades proveedoras conforme establece el marco europeo. Así, el Departamento de Salud pretende mejorar su respuesta a través de “una mejor planificación y utilización de recursos”. Para ello, se crearán mecanismos que permitan una mayor estabilizada en el sistema sin contradecir los principios de concurrencia.
 
Esta es una de las modificaciones reflejadas en Anteproyecto de ley de los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sanitarios, que ha sido aprobada este martes por el Govern de la Generalitat. Con esta iniciativa se cumple el Plan normativo del Gobierno, que ya la había incorporado con otra denominación en la planificación normativa de años anteriores.

Actualización del CatSalut

 
Y es que, en Cataluña, la Ley 15/1990 permite al CatSalut emplear fórmulas de gestión directa e indirecta, incluyendo convenios y conciertos con entidades públicas o privadas. Por ello, una de las cuestiones principales que aborda la nueva ley es el desarrollo del margen que otorga la legislación europea para agotar las competencias de la Generalitat de Cataluña para ordenar el sistema sanitario.
 
En este marco, la norma tiene que establecer las condiciones de calidad de los proveedores del sistema de salud de Cataluña y prever la preferencia establecida para las entidades sin ánimo de lucro que participan en la gestión de servicios. De esta forma, el CatSalut, a través de las medidas reflejadas en el documento, actualizará y estabilizará el sistema público de salud, aparte de poner a la persona usuaria en el centro del sistema.

Adaptación y flexibilidad en la sanidad catalana

 
Otro foco de la norma es la consolidación del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat), para “asegurar la continuidad y estabilidad en el tratamiento de la salud”, según el Departamento. Todo ello sumado a la actualización del marco de provisión de servicios, que se ajustará a los requisitos actuales y cambiantes.
 
Será una ley que tendrá como objetivos adecuar las fórmulas de gestión a primeros de responsabilidad pública dando prioridad a la adaptación rápida y flexible a las necesidades asistenciales de las personas, lograr procedimientos que permitan una tramitación más eficaz y eficiente y priorizar la calidad asistencial y la consecución de objetivos sociales.