Antoni Comín, conseller catalán de Salud.
23 mar. 2016 10:40H
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POR REDACCIÓN
El Gobierno de Cataluña ha aprobado este martes la memoria preliminar del anteproyecto de ley de acceso universal a la asistencia sanitaria que garantizará el acceso "inmediato" al sistema sanitario de todos los empadronados en esta comunidad, después de que un decreto estatal de 2012 excluyera a las personas inmigrantes.
En la rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, el consejero de Salud, Antoni Comín, ha explicado junto a la portavoz del Gobierno, Neus Munté, que se han "iniciado los trámites de aprobación de la ley de acceso universal a la asistencia sanitaria", blindado como derecho en el Estatuto y en la legislación vigente.
Contra la norma estatal, Cataluña aprobó dos instrucciones del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) -en 2012 y en 2015- para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de este colectivo, lo que ha beneficiado a un total de 65.000 personas. Sin embargo, Salud quiere regular ahora este derecho con una ley porque tiene un mayor rango normativo -"el derecho al acceso a la asistencia sanitaria no puede estar garantizado mediante una instrucción" de tipo organizativa-, a lo que Comín ha añadido que el Ejecutivo catalán tiene el compromiso de blindarlo por ley.
Otra limitación que presentaba la instrucción catalana es que daba tres meses de carencia para acceder a este derecho, mientras que la ley catalana en trámite asegurará el acceso "inmediato" a toda la cartera de servicios de todos los ciudadanos empadronados en Cataluña.
Problemas con el TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite el 3 de marzo el recurso del Gobierno central contra la instrucción catalana: "Por todo esto hemos presentado, aprovechando el momento de oportunidad política y jurídica, esta ley que garantizará la asistencia universal".
También ha apuntado a que el Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión del decreto impulsado por la Comunidad Valenciana para asegurar este derecho, después de que el Ejecutivo central recurriera la norma y quedara anulada de forma cautelar: "En la interlocutoria se explican razones que refuerzan la legitimidad jurídica de la tramitación de la ley del Govern", ha argumentado Comín.
Solo los empadronados, aunque contarán criterios de arraigo
Ha concretado que a los inmigrantes 'sin papeles' no se los cubrirá de la misma manera que a los que estén empadronados, si bien en el despliegue parlamentario de la ley prevé tener en cuenta "otros criterios de arraigo". Respecto a las personas 'sin techo' que ha dicho que se resisten a tener regularidad administrativa, tienen acceso a las urgencias pero no al conjunto de la cartera de servicios del CatSaltut, que es quien asume este coste.
"La instrucción y la ley condicionan la asistencia sanitaria al hecho de estar empadronado", ha aclarado el consejero, quien ha lamentado que las personas sin hogar muchas veces están al margen de los sistemas de protección social por propia voluntad debido a su situación social o psicológica.
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