Josep Maria Argimon y Alba Vergés.
Cataluña analiza las cuentas del Covid-19. La Generalitat catalana ha adjudicado la prestación de los servicios de
auditoria a los centros de la sanidad privada por los gastos del Covid-19. El Gobierno regional quiere conocer al detalle la actividad sanitaria facturada con cargo al Servei Català de la Salut en el periodo entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 por parte de los centros y establecimientos sanitarios privados integrados funcionalmente y temporalmente al sistema público de salud de Cataluña.
La Generalitat catalana
ha adjudicado el servicio a Faura-Casas por 113.740 euros. El plazo de ejecución para llevar a cabo la auditoría es de tres meses, según la plataforma electrónica de contratación pública de la Generalitat de Catalunya.
El análisis del gasto público derivado por la crisis sanitaria fue un compromiso que adquirió Alba Vergés, la entonces consellera de Salut, en abril de 2020 tras conocerse que
la Generalitat pagaba cerca de 43.000 euros por paciente con Covid-19 derivado a las UCI de la sanidad privada.
La auditoría pretende conocer cuántos recursos públicos derivó el Servei Català de la Salut, entonces liderado por Adrià Comella, a la sanidad privada de marzo a diciembre de 2020. Cataluña fue la
primera comunidad autónoma en determinar compensaciones por los afectados de la enfermedad derivados a la sanidad privada.
Junto a ella, también alcanzaron acuerdos la
Comunidad de Madrid, Navarra, Canarias y Baleares. En septiembre de 2020, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) apostó por el
‘modelo catalán’ para compensar su actividad Covid-19.
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