Cataluña abre cuatro nuevos expedientes a sanitarios por el uso del idioma

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha abierto un total de nueve expedientes por vulneración de derechos lingüísticos en los últimos seis años, cuatro de ellos desde septiembre. Así lo ha explicado la consellera de Salut, Olga Pané, este jueves en la Comissió de Salut del Parlament.

Pané ha indicado que Inspección "actúa cuando un problema lingüístico genera un problema asistencial en el paciente", es decir, "se ha ofrecido una atención que no era correcta". En el marco de la comparecencia de la consellera de Salut a petición de Junts y ERC para abordar las medidas y acciones para hacer frente a las discriminaciones lingüísticas en los centros sanitarios, Pané ha remarcado que alguno de los expedientes de investigación ha concluido con sanciones, "de casos en catalán y castellano", ha matizado.

La consellera de Salut ha iniciado su intervención remarcando que "el Govern está comprometido con la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, tanto en el sector público como en el privado". En ese sentido, Pané ha contextualizado que las quejas por vulneración de derechos lingüísticos suponen el 0,5 por ciento sobre el total y cada año se realizan 129 millones de actos.

Por ello se creó la figura del referente lingüístico para velar por el despliegue adecuado del Pla per garantir el coneixement i l'ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026. La consellera de Salut ha destacado que "es una prioridad garantizar una sanidad de calidad para toda la ciudadanía de Cataluña y el catalán no es una barrera, es una herramienta fundamental para la comunicación entre profesionales y pacientes y para la calidad asistencial. No es un problema de derechos, es un problema de calidad".

Consenso sobre el catalán

Los diversos grupos parlamentarios han coincidido, como en la reciente Comissió de Política Lingüística sobre este mismo asunto, que el 80 por ciento del Parlament defiende el modelo vigente, en que hay dos lenguas oficiales y el ciudadano tiene derecho a ser atendido en la lengua que elija.

El diputado de Junts per Catalunya Jordi Fàbrega ha asegurado que "el catalán forma parte del acto terapéutico y es un derecho lingüístico de los usuarios y pacientes". Además de tener en cuenta la falta de médicos y que estén llegando facultativos del extranjero, Fàbrega ha planteado "eliminar el distrito universitario único para priorizar que los alumnos que estudien en universidades catalanas sean de institutos catalanes", a lo que la consellera ha contestado que centran sus esfuerzos en que los estudiantes aprendan el catalán durante el periodo universitario.

Por su parte, el diputado Carles Campuzano, de ERC, ha manifestado que el ciudadano tiene el derecho a ser atendido en su lengua y los profesionales la obligación de atenderle en su idioma, así como la Administración la obligación de garantizar que tienen capacidad para utilizar el catalán.

Tanto PP, por parte de Belén Pajares, como Vox, en palabras de María Elisa García, han criticado la "imposición lingüística en el sistema de la salud apostando por el conocimiento del catalán como un mérito y no un requisito" y la implantación de "una imposición y una dictadura lingüística en los hospitales", respectivamente

David Cid, diputado de los Comuns, ha hecho hincapié en el "amplio consenso" en materia del catalán en sanidad, mientras que Laia Estrada, de la CUP, ha incidido en que "el aprendizaje del catalán debe ser un requisito, que haya consecuencias cuando hay vulneración de derechos lingüísticos y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario". Finalmente, Imma Ferret, del PSC, ha declarado que "el respeto de los derechos lingüísticos es calidad del sistema y un compromiso del Govern".