Boi Ruiz admite haber lesionado intereses de los profesionales sanitarios

Redacción. Barcelona
El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha admitido este jueves la "devaluación interna" de la sanidad catalana tras dos años de recortes presupuestarios, si bien los ha circunscrito a aspectos que no influyen en la calidad asistencial ni en la cartera de servicios de los ciudadanos, negando así que se hayan perdido derechos.

Boi Ruiz.

"Nadie puede decir que hayamos recortado ninguna prestación" sanitaria, ha resumido Ruiz, a pesar de haber reducido el presupuesto en más de un 10 por ciento en dos años -más de 1.000 millones de euros-, ya que los resultados sanitarios de los centros demuestran que la calidad del sistema se ha mantenido invariable.

La devaluación interna, ha explicado, se ha acometido mediante la rebaja del precio de los medicamentos, lo que paga el CatSalu) a los proveedores por los bienes y servicios y por las reducciones salariales de los trabajadores: "Sin esta devaluación interna, el edificio no lo podríamos haber aguantado de ninguna de las maneras", ha expresado Ruiz, agradeciendo a los profesionales su esfuerzo.

Adicionalmente, los ciudadanos han visto como aumentaban las listas de espera, han tenido que desplazarse a más distancia en algunos casos y se han tenido que posponer la mayoría de inversiones, ha reconocido el consejero, que también ha dicho que puede hacer "autocrítica" por no haber explicado bien esta situación.

Preguntado sobre las cifras del presupuesto de 2013, Ruiz no ha desvelado detalles, y ha reiterado que siguen a la espera de conocer las cifras exactas de déficit para presentar las cuentas, aunque ha insistido en que las políticas sociales seguirán siendo la prioridad del Govern.

Por ello, tampoco ha concretado si se producirán nuevos impagos a las farmacias o al sistema sanitario concertado -2012 finalizó con una deuda reconocida por parte de la Generalitat de 196 millones de euros con las boticas y de 456 millones con los conciertos sanitarios-, y ha insistido de nuevo en que estos pagos están condicionados a las aportaciones que haga el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Ruiz ha recordado el acuerdo adoptado por los grupos políticos en el Parlament para crear una comisión que estudie el futuro del sistema, con la participación de todos los partidos y de expertos, para que en un plazo de seis meses ofrezca propuestas que garanticen la viabilidad del sistema, al entender que éste no se puede poner en cuestión cada día "por un rédito político cortoplacista".

El consejero ha asegurado, en un desayuno del Fòrum Europa, que, a pesar de la multitud de informes y estudios que se han hecho en los años recientes sobre la sostenibilidad de la sanidad, el trabajo de esta comisión le genera ilusión y confía en que pueda llegar a buen puerto: "Hemos demostrado suficiente buena fe en estos tiempos difíciles de que el compromiso del Govern es mantener los resultados sanitarios", ha destacado.

Entre las recetas aportadas, ha citado la necesidad de "reformar profundamente el contrato de servicios" para introducir cláusulas que introduzcan el valor añadido como criterio -por ejemplo pagar nuevos medicamentos según la curación que produzcan-, seguir potenciando el contrato de servicios con las farmacias, dotar de más autonomía de gestión a la atención primaria y crear más sinergias con el sector privado.

Preguntado sobre el Hospital Sant Pau de Barcelona, inmerso en una crisis de gestión y con diversos frentes abiertos en los juzgados, el consejero ha recordado que la Generalitat ha aportado casi 500 millones de euros hasta 2032 para reducir su déficit histórico, y que además ha pagado los 444 millones que ha costado el nuevo hospital, por lo que nadie puede decir que el Govern no se haya preocupado del centro.

Por ello, ha considerado "imprescindible" un acuerdo entre dirección y trabajadores, a quienes les ha invitado a resolver los conflictos laborales por la vía de la negociación y no la penal, dadas las diversas denuncias presentadas por el comité y que, entre otros aspectos, obligaron a suspender un expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por los gestores.