![]() Daniel Alfonso. |
Redacción. Barcelona
El director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, ha visto en el del expresidente del Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC) y líder y fundador del Grupo Sehrs Ramon Bagó un "caso de libro de concurrencia de intereses públicos y privados al mismo tiempo", aunque ha declinado valorar si ello es objeto de delito, puesto que emitir un juicio no es tarea de su institución.
En la Comisión de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario en el Parlament, De Alfonso ha valorado que a este caso "se le debería aplicar la ley de incompatibilidades, porque por supuesto que se ha incumplido la ley", ha dicho el director del OAC, que ya emitió un informe sobre posibles delitos de Bagó por utilizar el consorcio público --en aquel momento Consorci Hospitalari de Catalunya-- para contratar a su holding Sehrs.
Ha señalado que en los casos de consorcios estudiados, también el del Maresme y la Selva, se da una "debilidad del control interno que puede ser porque el jefe tiene también intereses privados o porque la entidad gestora o en las empresas consorciadas se da una mezcla entre lo público y lo privado".
"Esta es la principal debilidad y allí donde debe ponerse el control", ha reclamado el director de la Oficina, que ha reclamado más control de los recursos públicos desde el seno de estos organismos.
"Hay manejo de lo público desde lo privado en beneficio de lo privado, y no puedo ser más claro", ha reseñado De Alfonso, quien se ha erigido al final de su parlamento como un defensor a ultranza del sector público.
El director de la OAC ha apuntado "cierta responsabilidad" de la Generalitat sobre las actividades de la patronal sanitaria concertada CSC porque la administración catalana tiene mayoría en este organismo y aprueba su presupuesto en la ley presupuestaria que presenta el Govern.
"La Generalitat no se puede considerar una administración independiente del CSC, porque está vinculada" y debe tutelar su buen funcionamiento, ha aseverado De Alfonso, quien ha defendido que puede y debe conocer el funcionamiento.
Ha explicado que la actividad de la OAC ha aumentado últimamente, habida cuenta de que en los dos últimos años las denuncias han crecido un 53%, y en el último año y medio se han estudiado 11 casos relacionados con la sanidad catalana, todas de oficio y por iniciativa de la Oficina, ha señalado.