1-O: La Fiscalía no reconoce el 'salvoconducto' del Govern a los sanitarios

La promesa que el Govern ha hecho a todo el cuerpo de funcionarios, incluidos los sanitarios, de que su participación en el referéndum del 1 de octubre no tendrá responsabilidades judiciales, “tan solo es una promesa política”. Es decir, que judicialmente, aquellos que participen en la votación ilegal podrían ser encausados por ello. Así lo explican a Redacción Médica fuentes jurídicas, que matizan que las palabras del Ejecutivo de Carles Puigdemont son solo “una garantía política, pero no judicial”.

“Es una cuestión que queda en manos del Ministerio Fiscal, que, llegado el momento, puede poner una demanda o querella ante los tribunales por diversos delitos como el desvío de fondos públicos”, añaden estas fuentes. Las mismas que explican que “hay varios resortes legales para llevar el caso a juicio”. En todo caso, y a título valorativo, tienden a pensar que las responsabilidades penales caerían “sobre el cuerpo sanitario directivo y no tanto sobre el resto de empleados públicos”.

Como ha adelantado Redacción Médica, este jueves  se celebró una reunión entre los sindicatos y la Administración catalana en torno a la Mesa General de Función Pública. Allí, Meritxell Borràs, consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, manifestó su promesa de que ningún funcionario implicado en la organización del referéndum ilegal iba a padecer consecuencias jurídicas o expedientes por ello. Un compromiso que, no obstante, los sindicatos han exigido que quede reflejado por escrito.