Redacción. Toledo
El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, ha valorado que las cuatro leyes de carácter social y sanitario aprobadas en 2014 en el ámbito de su consejería servirán para “mejorar los derechos y las prestaciones sociales de los castellano-manchegos”.
José Ignacio Echániz.
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En un comunicado, Echániz ha realizado un balance de la actividad llevada a cabo por la consejería que dirige en 2014 y ha valorado la aprobación de cuatro leyes “de gran calado social y sanitario”: la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la de Protección Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, la de Ordenación de los Servicios
Farmacéuticos y la ley de Garantía de la Atención Sanitaria y del Ejercicio de la Libre Elección.
Además, ha adelantado que a principios de este año terminará su tramitación en las Cortes la Ley de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha.
El consejero ha valorado que la Ley de Ordenación de los Servicios Farmacéuticos va a suponer una “mejora sustancial” de la planificación y la asistencia farmacéutica, y va a permitir el desarrollo de nuevas funciones de los farmacéuticos, con un especial apoyo a los que trabajan en el medio rural.
En cuanto a la ley de Garantía de la Atención Sanitaria y del ejercicio de la Libre Elección, Echániz ha augurado que marcará el modelo sanitario del futuro, “donde el paciente podrá elegir enfermero, médico de familia, pediatra y especialista y hospital”.
Para Echániz, la “ley más importante” de esta legislatura ha sido la de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido aprobada por unanimidad y que en su redacción ha contado con el consenso de todo el sector de la discapacidad, del tejido asociativo, de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza de Castilla-La Mancha y del Consejo regional de Municipios y Provincias.
El consejero ha destacado que esta ley se sitúa a la vanguardia en materia de discapacidad y contempla medidas como que los consejos escolares de Castilla-La Mancha incluyan a una persona que trabaje en el sector de la discapacidad, o que todas las iniciativas de carácter normativo y estratégico de cualquier consejería lleven un informe de “impacto de discapacidad”.
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