Sáez Aguado: "La concesionaria del HUBU dejó de facturar 12,4 millones"

Semana intensa de comparecencias en la Comisión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Este jueves ha sido el turno del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha asegurado que la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) dejó de facturar hasta noviembre de 2015 un total de 12,4 millones de euros correspondientes a la tasa interna de retorno por variaciones sobre su actividad estándar.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga los sobrecostes del hospital, Sáez Aguado ha negado las acusaciones de que los modificados presupuestarios se hayan autorizado con el fin de beneficiar a la concesionaria y ha subrayado los "riesgos" que ésta asumió al gestionar este modelo. Además de la caída en la facturación por actividad, el consejero se ha referido también a otros riesgos como una hipotética subida de los costes energéticos o salariales, así como de reposición y reparación de recursos.

En cuanto a las modificaciones sobre las partidas presupuestadas del hospital burgalés, el titular de Sanidad ha justificado esta situación dada la "complejidad" del proyecto y ha asegurado que es algo habitual en otras obras similares ejecutadas desde un modelo meramente público.

En este sentido, ha comparado los 25,8 millones de coste de explotación del HUBU en 2015 con los 31 del Complejo Asistencial de León, los 34 del de Salamanca, los 25,3 del Hospital Clínico de Valladolid o los 23,7 del Río Hortega de Valladolid, “cifras dentro de la normalidad”.

La única opción

Además,  ha insistido en que en caso de haber optado por un modelo exclusivamente público, en un contexto de crisis y ajuste presupuestario, "no hubiera habido hospital" o se habría construido "a costa de hipotecar otras obras en la comunidad", ha dicho el consejero.

El compareciente ha reiterado que en todas las modificaciones de contrato y en su gestión "se han seguido los procedimientos establecidos en la legislación" sobre contratos con los informes de legalidad de la Asesoría Jurídica de la Gerencia y el control de la Intervención General de la Comunidad y, cuando ha sido preciso, "también con los dictámenes favorables del Consejo Consultivo de Castilla y León".

Sáez Aguado ha advertido de que en estos años las relaciones con la sociedad concesionaria "no han sido pacíficas" y que hasta en cuatro ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad han desestimado las pretensiones de ésta, al tiempo que ha aseverado que todas las modificaciones para satisfacer nuevas necesidades se han basado en informes de jefes de servicio y no en presiones de la empresa.