Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
20 ago. 2017 17:30H
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Ningún paciente que sea considerado prioritario tendrá que esperar más de 30 días para ser sometido a una prueba diagnóstica en la red de Sacyl en el caso de que esta sea preferente, según el decreto de garantías que prepara el Gobierno regional. En el caso de los prioritarios, este límite sería de tres meses, mientras que para el resto también se estudia establecer un tope.
Estos son los plazos que maneja la Consejería de Sanidad para redactar el decreto que regulará la garantía de demora máxima para pruebas diagnósticas que verá la luz a finales de año. Para ello, se clasificará a los pacientes en función grados de prioridad, como ocurre desde hace dos años con los que configuran la lista de espera quirúrgica. Se trata de jerarquizar en función de la gravedad, según ha explicado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.
“Estamos trabajando en un sistema homogéneo, que es lo que nos falta y que es también uno de los motivos por los que no se facilitan datos de consultas o pruebas diagnósticas, puesto que muchas veces no son tan fiables como lo pueden ser los registros de las listas de espera quirúrgicas”. En el caso de las pruebas diagnósticas hay heterogeneidad en los criterios de inclusión, lo que provoca dificultades para medir y comparar los datos, según reconoce el consejero.
Sin plazos para consultas
El decreto de demora se aplicará sólo para pruebas diagnósticas y se sumará al que regula la lista de intervenciones quirúrgicas. A corto plazo, Sanidad no se plantea uno para las consultas externas, aunque sí marcar objetivos de demora media por centros y servicios. La voluntad de Sacyl es garantizar las pruebas con recursos propios, pero si se da el caso abrirá la puerta a que el paciente elija un centro privado cuando se hayan agotado los tiempos.
El derecho de optar por un centro privado cuando se exceden los tiempos máximos de acceso ya existe para algunas intervenciones quirúrgicas, si bien, en el último año ningún paciente lo ejerció. En concreto, la normativa básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) marca como tope 180 días para intervenciones de cirugía cardíaca valvular, coronaria, cataratas, prótesis de rodilla y de cadera. “Es cierto que en pruebas diagnósticas puede ser más sencillo ejercer este derecho, y que cuando se apruebe la ley de garantías habrá mayor demanda que en el caso de las intervenciones quirúrgicas, pero no creo que la demanda sea excesiva”, concluye Sáez Aguado.
Medidas de choque
Las claves para rebajar la lista de espera se recogen en el Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción de las Listas de Espera del Servicio de Salud de Castilla y León (Preycles) para el período 2015-2019. En esta hoja de ruta, Sacyl fija las medidas de choque para construir un sistema que ordene a los pacientes según su potencial gravedad y también para avanzar en su atención. Entre ellas, recoge el impulso de las unidades de diagnóstico rápido, así como aumentar el rendimiento de la tecnología diagnóstica, también se apuesta por mayor coordinación entre Atención Primaria y Especializada.
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