El PP no apoya la retroactividad para los dependientes de grado I

Redacción. Valladolid
El PP ha rechazado con sus votos una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Grupo Socialista para que el acceso a las prestaciones o servicios reconocidos a dependientes de Grado I se produzca con efecto retroactivo desde el 1 de julio y establecer financiación suficiente para ello, además de exigir al Gobierno central que aporte para ello.

María del Mar González.

La procuradora socialista Marta Olmedo ha defendido la PNL para responder así a sucesivas moratorias del Gobierno central a la incorporación de los dependientes de Grado I, que se ha hecho efectiva finalmente el 1 de julio de 2015, pero que tardarán en recibir sus prestaciones hasta seis meses, plazo que tiene la Junta para una resolución sobre cada expediente.

Olmedo ha explicado que a 1 de julio, tras la espera para acceder al derecho de más de 21.000 personas entre tres años y medio y dos años y medio, Familia ha remitido cartas a las personas afectadas por la demora para informarles sobre la incorporación al sistema, pero les indica que desde el momento en que se dicte resolución.

A este respecto, ha criticado que la Consejería vendiera el “drama” de la demora producida como un “éxito” y ha censurado una respuesta de la Junta a unas expectativas creadas por el propio departamento que ahora dirige Alicia García, que “no corresponde a una comunidad con sobresaliente” en la aplicación de la Ley de Dependencia.

La procuradora socialista ha acusado al PP de falta de voluntad y de tener razones presupuestarias para no aplicar la retroactividad, que considera que sí se puede aplicar en cuestiones como la prestación económica vinculada o los cuidados en el entorno familiar, frente a lo defendido por el PP, y ha criticado que las políticas populares hayan supuesto una “demolición controlada” de la Dependencia.

Frente a ello, la procuradora del PP María del Mar González Pereda, los argumentos del PSOE “no se ajustan a la verdad” porque los criterios aplicados son los que establece la Ley, pero además nunca se ha aplicado una suspensión de dos años en la prestación económica y ha asegurado que la Junta resuelve las solicitudes con normalidad y los beneficiarios reciben la prestación inmediatamente.

Además, considera que los socialistas hacen una interpretación “engañosa” y carecen de toda credibilidad, pero además considera que la petición de retroactividad supondría incumplir la Ley aprobada en 2006, que precisamente eliminaba esta posibilidad, algo que estableció el PSOE.