Dimite en bloque el servicio de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León

Los técnicos del Servicio de Epidemiología y Servicios Territoriales de Sanidad, médicos integrantes del Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León por designación de la Dirección General de Salud Pública, han presentado una dimisión en bloque que se hará efectiva a partir del próximo día 31 de diciembre, fecha a partir de la cual “no se atenderá este servicio en espera de la regularización normativa correspondiente”.

En una misiva a la que ha tenido acceso Redacción Médica, los profesionales exponen que uno de los motivos del cese es que perciben sus retribuciones como "gratificaciones" a pesar de los servicios jurídicos han determinado que es irregular. “Desde 2009, hemos solicitado reiteradamente una regulación adecuada, tanto desde el punto de vista funcional como económico, sin haber sido atendidas nuestras demandas de manera satisfactoria”, explican en la carta.

Hace dos años que se solicito a los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad la valoración de la legalidad o adecuación de retribuciones que vienen recibiendo como las citadas “retribuciones”. El 15 de mayo de 2020 los epidemiólogos tuvieron conocimiento del contenido del informe 2489/2019 de los servicios jurídicos en el que se concluye, entre otras cosas, que “la retribución que deben percibir por ese concepto los profesionales no puede encuadrarse en ningún caso dentro de las gratificaciones extraordinarias”.

La "irregularidad administrativa" que califican de "ilegal e injusta" se podía haber resuelto, a su juicio, regulando normativamente el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León, como en la Ley 4/2020 de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, u otras leyes posteriores.

Tal y como exponen los técnicos, “en varias ocasiones se ha dejado pasar la oportunidad de regular normativamente el Sistema de Alertas de Castilla y León”. Esto ha terminado por desembocar en la situación de "deterioro progresivo del funcionamiento del Sistema" y el "reiterado incumplimiento de las obligaciones de las consejerías implicadas".

En julio de 2020 mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y con la directora de Función Pública, Paloma Rivero, en la que se llegó a un compromiso para elaborar un decreto que regulase el Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León "ese mismo año y por el procedimiento de urgencia". Pero tampoco ese compromiso se cumplió, lo que derivó en "una pérdida de recursos humanos" de manera progresiva.

Así, se ha pasado de tener 22 técnicos a los 10 que se han mantenido en su puesto "por responsabilidad profesional ante la situación de pandemia, doblando guardias y atendiendo alertas de áreas que no les correspondían y en momentos en los que un solo epidemiólogo atendía 4 o 5 provincias en algunas semanas".

Este sistema se creó en 2005 como un componente fundamental de la Vigilancia de la Salud Pública en Castilla y León para dar respuesta a emergencias fuera de la jornada laboral normal, fines de semana y festivos.