Parlamento de Cantabria.
El
Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una moción del Partido Regionalista (PRC) en la que se insta al Gobierno regional (PP) a contratar a profesionales médicos para incorporarlos a los equipos encargados del reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad, con el fin de garantizar una "adecuada y ágil" valoración de la misma. La iniciativa también propone modificar al alza el complemento específico de los profesionales médicos de los
Equipos de Valoración y Orientación (EVO), con el fin de igualarlo al complemento de los inspectores del Servicio Cántabro de Salud e incentivar así que haya profesionales médicos que se incorporen a estos equipos.
La diputada regionalista
Rosa Díaz ha cuestionado los criterios del Ejecutivo autonómico para la puesta en marcha del
plan de choque en materia de agilización del procedimiento de reconocimiento y valoración de la discapacidad con el fin de
reducir los tiempos de espera. "En lugar de atajar el problema, lo ha trasladado de sitio y ahora lo tenemos en esos equipos de evaluación, valoración y orientación, porque se han contratado fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales", ha valorado.
Casos de demora de 18 meses
Frente a ello, ha explicado que la propuesta del PRC, de "aplicación inmediata", pretende "revertir este problema de raíz" con soluciones concretas y abordar la realidad que están viviendo
más de 9.400 personas en Cantabria. Díaz ha denunciado que la legislatura se inició con un plazo de demora de 12 meses y ahora se está llegando a "casos de 18-20 meses de demora" cuando en "tres meses" ha considerado que sería "razonable".
Por su parte, los populares han apostado por agilizar todos los expedientes y los procedimientos de valoración de la discapacidad, si bien han matizado que ven "más útil" pedir el
nombramiento de profesionales, no solo de médicos. "¿Qué pasa, que hay médicos cualificados y no cualificados?", ha censurado el portavoz del PP,
Alejandro Liz, que ha pedido "paciencia" porque, ha aseverado, "se verán los resultados" del Ejecutivo, en su "esfuerzo" por resolver y agilizar "toda esa cantidad de expedientes que se heredaron".
Mientras que para los socialistas la "necesaria" incorporación de los fisioterapeutas y las trabajadoras sociales "no tiene que estar reñido con la contratación de médicos". A juicio de la diputada
Nórak Cruz, se trata de "una cuestión de voluntad política". Así, ha apostado por buscar
fórmulas alternativas y desarrollar incentivos que faciliten esta contratación.
Finalmente, desde Vox han subrayado que hay 1.428 personas afectadas, pendientes de que se resuelva su solicitud del grado de discapacidad. El diputado Armando Blanco ha denunciado que los tiempos de espera son "desorbitados", ya que "triplican" el plazo máximo legal que establece la ley e incluso llegan a superarlo. Ha lamentado que los derechos de "miles" de ciudadanos están limitados y "algunos de ellos fallecerán incluso antes de que se resuelvan los expedientes".
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