Sanidad dota de más flexibilidad y seguridad jurídica a la normativa de centros de dependencia y discapacidad

En el centro, María José Sáenz de Buruaga, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, acompañada por la directora del ICASS, Isabel Urruria, junto a representantes de Acesde, Lares y Cermi.

Redacción. Santander
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha modificado parcialmente la normativa reguladora de los requisitos materiales y funcionales que deben cumplir los centros de atención a la dependencia y discapacidad y el sistema de acreditación, de acuerdo con el compromiso que había adquirido con el sector para reducir burocracia, eliminar rigidez y aumentar la seguridad jurídica. 

La modificación, que entrará en vigor este mes de enero con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC),  surge de las propuestas de un grupo de trabajo constituido el pasado mes de marzo por el Gobierno regional con representantes del sector, que le habían trasladado la urgencia de revisar la normativa en vigor.  Por su dispersión, complejidad y ausencia de criterios generales de interpretación y aplicación venía generando un importante desgaste e inseguridad jurídica, en perjuicio de la explotación de los centros e, incluso, de su viabilidad.

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este viernes el documento definitivo a representantes de la Asociación Cántabra de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), al Comité de Entidades de Representantes de Discapacitados de Cantabria (Cermi) y a la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (Acesde).

Buruaga subraya que se trata de una modificación participada, no impuesta, fruto de la suma de aportaciones y la conciliación de intereses. “Todo aquel que ha querido hacerlo, ha tenido la oportunidad de ser escuchado, participar y aportar”, ha dicho.  Asimismo, también dice que se trata de una modificación racional y equilibrada, cuyo espíritu y filosofía es compartida y aceptada por todos. La normativa es, además, transitoria y cumple con la finalidad de cooperar a la sostenibilidad y equilibrio del sistema en un momento complejo, en el que todas las partes han de sumar esfuerzos.

Además, en un comunicado, la consejería informa de que el grupo de trabajo seguirá activo, con el objetivo de  acometer a medio plazo el diseño de una nueva normativa de acreditación, que no parta de la anterior, e incluso, de un nuevo modelo de servicios sociales adecuados a las necesidades de apoyo a las personas con discapacidad, orientado a resultados y sostenible.

En un comunicado, la Consejería cántabra indica que “el sector dispondrá ahora de una normativa que le reportará seguridad jurídica, racionalidad en los requisitos funcionales exigidos  y flexibilidad en el funcionamiento de los centros, sin merma de la calidad en la prestación del servicio”.

Grandes líneas de la modificación

Asimimismo, explica que, en relación al funcionamiento, se modifican aspectos puntuales, dirigidos a lograr una adecuación de los tiempos de prestación del servicio a las necesidades de los centros y usuarios, así como a la flexibilización en el cómputo horario de profesionales de atención directa, sin merma alguna de la calidad del servicio.

En lo que respecta a los requisitos materiales, se abordan cambios el régimen transitorio existente para aquellos centros que ya estaban en funcionamiento con anterioridad a la entrada en  vigor de las órdenes, y se flexibilizan las exigencias de velatorio y de servicio de enfermería.

Además, se modifica el régimen  transitorio establecido para la acreditación de los centros mediante la concesión de un plazo más amplio para alcanzar su total cumplimiento, hasta diciembre de 2014.