Real critica la "desagradable situación" de los investigados del SCS

 La consejera cántabra de Sanidad, María Luisa Real, se ha vuelto a mostrar "convencida" de que en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) se han podido cometer "errores" pero no "irregularidades", y "menos a sabiendas" o con "intencionalidad".

Así lo ha reiterado este viernes después de que tres altos cargos del SCS y un asesor externo, denunciados por la Fiscalía por presuntas irregularidades contractuales, hayan sido llamados a declarar en calidad de investigados por la jueza que lleva el caso.

La responsable de Sanidad ha indicado que no tiene "ninguna declaración nueva que hacer" a propósito de este paso, que se enmarca dentro del procedimiento judicial establecido. Así, ha aprovechado para insistir en que ha podido haber "errores" en el SCS, que firma más de 44.000 contratos al año y sobre los que se están investigando "cuatro hechos" concretos, ha remarcado.

Real también ha lamentado de nuevo la "desagradable situación personal" de todos los involucrados en estas diligencias, que están siendo sometidos a "un juicio mediático" y sin "respetar en absoluto la presunción de inocencia".

Además, en opinión de la consejera, todo este procedimiento está "dejando en un segundo plano" la "importante mejora" experimentada en la sanidad cántabra, en ámbitos como las infraestructuras pero también en la "calidad y cantidad" de prestaciones y servicios ofertados, en atención domiciliaria, salud mental, transporte o reducción de listas de espera, ha citado a modo de ejemplo.

La magistrada Mercedes Compostizo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, ha llamado a declarar en calidad de investigados al exgerente de Atención Primaria del SCS, Alejandro Rojo, que dimitió el pasado 12 de diciembre; el exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo.

También ha llamado a declarar como investigado al exasesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores. Los cuatro investigados deberán prestar declaración el 29 de enero, a las 10 horas (González), 10.30 horas (Sáenz de Viteri), 11.30 horas (Rojo) y 12 horas (Pérez).

El auto, fechado el 12 de diciembre, considera que los hechos denunciados ante el Juzgado número 5 por la Fiscalía, que inicialmente podían constituir un presunto delito de prevaricación administrativa, fraude y malversación, hacen presumir la posible comisión de un delito.

En el mismo, la jueza también llama a declarar como testigos a otras siete personas, entre ellas, el interventor general del Gobierno, Pedro Pérez Eslava, y la exjefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud Inmaculada Rodríguez. Los testigos declararán el 31 de enero a partir de las 9.45 horas.