Redacción. Santander
Los médicos cántabros se sumarán este domingo, 17 de febrero, a la protesta organizada a las doce del mediodía en el Ayuntamiento de Santander en defensa de la sanidad pública y en contra de los recortes y las privatizaciones. Lo harán "en solidaridad" con sus compañeros de Madrid y porque, además, "lo que pasa" ahora con el Hospital Valdecilla es "el inicio" de lo que ocurrió en la capital hace "cuatro o cinco años".
Con estas palabras, Mercedes Boix, que ha actuado como portavoz de la Asociación para la defensa de la sanidad pública y la Plataforma por lo público y en contra de los recortes, organizadoras de la protesta y a la que se han sumado varios colectivos, ha advertido de la "privatización" del centro sanitario cántabro.
En este sentido, ha explicado que el régimen de concesión administrativa previsto en la nueva adjudicación de las obras del hospital es "la misma fórmula" que se empleó, por ejemplo, hace años con el Hospital la Princesa de Madrid.
En este punto, ha diferenciado el que el hospital gestione con cada empresa los contratos de los servicios que se externalizan (como la seguridad, el catering, etc) a que lo haga la constructora que acometerá la reforma del centro, ya que de este modo el hospital "pierde el control" sobre los mismos y "empeoran" los servicios y la calidad de los mismos.
En opinión de Boix, los actuales gobernantes pretenden una "privatización completa" de los hospitales públicos del país, en base a la reforma acometida el año pasado de la Ley de 1997 que ha tildado de "contrarreforma sanitaria", ya que a sus ojos implica un "cambio del sistema" sanitario público.
Así, ha añadido, no es algo que ocurre "al azar", sino que está "planificado", y está "más adelantado" en algunas comunidades, como Madrid, Valencia y Cataluña.
Esta tendencia, ha dicho, se enmarca en las "ideologías neoliberales" que imperan en Europa y utiliza, además, la crisis como "excusa".
Además, ha avisado de que hasta ahora se ha aplicado una "parte muy pequeña" de lo que la normativa "permite", de modo que se puede ir "mucho más atrás", ya que la ley "permite acabar completamente con el sistema sanitario público".
A todo lo que puede pasar se suma lo que ya ha sucedido, que como ha recordado Boix pasa por la "exclusión" de una parte de la población del sistema sanitario, el alusión a los inmigrantes sin papeles, el "repago" farmacéutico, o las "restricciones" laborales, ya que se disminuyen las plantillas al no renovar contratos eventuales al tiempo que se aumenta la jornada laboral o se reduce el horario de atención a los usuarios.