“Hay que evolucionar hacia un modelo que promueva la autonomía personal”

Enrique Pita. Madrid
Cermi Cantabria ha elaborado un documento en el que propone un nuevo modelo de servicios sociales que centre su labor en la persona, adecuándose a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad. Según ha explicado a Redacción Médica el presidente de la entidad, Roberto Álvarez, “tenemos que buscar modelos que a la vez de defender el paradigma de derechos sean globales y a la vez muy flexibles para adaptarse a las necesidades de cualquier persona con una discapacidad”.

¿En qué consiste el cambio en el modelo de servicios sociales que ha propuesto Cermi Cantabria? ¿Está el modelo actual agotado?

Las organizaciones del Tercer Sector de la Discapacidad llevamos tiempo trabajando y orientando nuestros modelos de atención a la persona, pasando de lo que hemos venido llamando modelo centrado en el servicio a modelos centrados en la persona, siempre dentro de un marco administrativo y normativo que ha ido reforzando cada vez más el modelo de centro, entendido este siempre desde la institucionalización de la persona y por tanto limitando su participación en la comunidad.

Roberto Álvarez.

Esta situación no era relevante cuando existían recursos suficientes, aunque nunca los necesarios, pero que permitían trabajar en dinámicas cada vez mas centradas en la persona, eso sí siempre dentro de un marco de flexibilidad normativa, es cuando la norma se desarrolla y establece una sobrerregulación de los centros, es cuando se produce el problema y cuando nos damos cuenta que la norma si no parte de paradigmas actuales de atención y de referentes de derechos como la Convención Internacional, retrocedemos a formatos de trabajo puramente asistenciales y donde el soporte de control se centra en el recurso y no en los resultados en las personas.

Esto lo ha provocado el despliegue de una norma global con la Ley de Promoción de Autonomía Personal que a fecha de hoy, en el caso de las personas con discapacidad, solamente ha promovido ‘dependencia’ y encima ha dejado gran parte de las personas con discapacidad sin soporte dentro del sistema de servicios sociales, esto junto con los recortes económicos hace que los modelos los tengamos que repensarlos.

En Cantabria, todas las organizaciones que trabajamos en el marco Cermi hemos entendido que teníamos que ser proactivas y poner en juego nuevos planteamientos para un escenario distinto. Pretendemos, por tanto, que la norma tenga en cuenta los nuevos paradigmas de derechos que establece la Convención Internacional, en la prestación de apoyos sociales a las personas con discapacidad, que evolucionemos hacia un modelo de apoyos que debe de trascender al actual modelo de centros, por tanto más cerca de las necesidades individuales de las personas que promueva autonomía personal y siempre orientado a obtener resultados personales que mejoren la calidad de vida individual.

¿Qué supondría en términos económicos? ¿Y en términos de eficiencia?

A nuestro modo de entender, la crisis está minando lo que entendíamos como estado del bienestar. Esto está suponiendo que desaparezcan gran cantidad de recursos y fuentes de financiación de proyectos y por tanto el estrangulamiento de muchos servicios que las organizaciones habíamos puesto en marcha en estos años con objeto de dar la mejor respuesta a la personas con discapacidad. Hoy el cambio en la política de financiación de los servicios sociales es una realidad y las organizaciones por un lado tenemos que seguir en la brecha de la reivindicación social, si cabe con más fuerza, pero por otro lado tenemos que innovar y promover soportes más sostenibles y que potencien el paradigma de derechos que ya establece la Convención Internacional, como la vida independiente, la inclusión, la participación en la sociedad, la promoción de la autonomía personal, etc.

Por tanto, un modelo de atención orientado a la persona y a sus necesidades de apoyo individuales dirige el recurso a la propia persona haciéndolo más eficiente, a diferencia del ‘centro’, que parte de unos recursos predefinidos al margen de la demanda que la persona, por sus circunstancias personales, ejerce en cada momento. La diferencia fundamental de este sistema es que en vez de partir de un modelo rígido de centro, este se estratifica en programas o apoyos que pueden llegar a ser gestionados de forma independiente.

¿Qué mejoras traería para las personas con discapacidad?

Por un lado, garantizaríamos el cambio de paradigma en el modelo de atención, que en tanto en cuanto las normas no lo asuman no quedaría fidelizado, evitando que las normas tendieran a diseñar soportes asistenciales ya desechados hace años, que van a promover más dependencia en las personas y en consecuencia una demanda de recursos sociales a futuro mayor.

Por otro lado, y desde mi punto de vista muy importante para la persona con discapacidad, planteamos que el ‘sistema de control’ del recurso social no se centre solamente en medir su aplicación sino que su objetivo sea el medir el impacto en las personas, por consiguiente que el programa o apoyo que aplicamos tenga resultados en las personas. En definitiva que el sistema se oriente a la persona y valore la mejora en su calidad de vida.

¿Sería extrapolable a otras autonomías?

El proyecto ‘Hacia unos servicios sociales de calidad adecuados a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad’ desarrollado por Cermi Cantabria establece la estructura de programas y apoyos cuantificados en tiempos e intensidades de atención, donde se analizan las dedicaciones profesionales y los costes objetivos que pueden suponer en Cantabria su puesta en marcha, en definitiva se ha creado un estándar, ya que toda esta estructura programática ha sido homologada por las experiencia y la profesionalidad de las entidades de todas las discapacidades que conforman nuestro Cermi en Cantabria.

Por tanto, este estudio se constituye en unos de los pocos documentos en España que daría una respuesta programática a cualquier perfil de discapacidad y por tanto susceptible de ser soporte para el diseño de cualquier normativa de atención a la discapacidad, tanto carteras de servicios como sistemas de acreditación como modelos de atención, pudiendo ser utilizado en cualquier territorio adaptando los datos y programas a cada realidad.

Esto tiene un gran valor, ya que hoy la normativa tiende a globalizar la atención a la discapacidad, incluso si hablamos de dependencia se nos sitúa junto con otros colectivos como el de mayores, por tanto tenemos que buscar modelos que a la vez de defender el paradigma de derechos, sean globales y a la vez muy flexibles para adaptarse a las necesidades de cualquier persona con una discapacidad.

¿La reforma de la Ley General de Discapacidad puede servir para adoptar estos cambios?

En mi opinión, la consolidación normativa que promueve esta nueva ley será una oportunidad desde el punto de vista de su adaptación a la Convención Internacional de derechos así como de unificar tres leyes de gran calado en concreto, se han integrado en una sola norma la Ley 13/1982 de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI); la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, por tanto seguramente y como norma general incorporará la filosofía que planteamos en el proyecto, sin embargo el problema es que los modelos de atención se identifican más en los desarrollos reglamentarios o en el despliegue de las leyes marco, en definitiva en la operativa real del sistema, que es donde entendemos que este proyecto puede ser de utilidad, un ejemplo claro son las normas de acreditación de servicios sociales en las comunidades autónomas.