1.300 millones para reducir el riesgo de pobreza dentro del Plan de Acción para la Inclusión Social

Redacción. Santander
El Consejo Asesor de Servicios Sociales ha respaldado este viernes el primer Plan de Acción para la Inclusión Social de la comunidad autónoma, un documento de consenso que compromete fondos por importe de 1.300 millones de euros en cuatro años con el objetivo de reducir en 20.000 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

María José Sánez de Buruaga, consejera de Sanidad y Servicios Sociales.

El objetivo de este plan es coordinar todos los esfuerzos de las distintas consejerías del Gobierno regional en la lucha contra estas dos situaciones, y se ha elaborado en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europea 2020: disminuir a finales de 2019 en 20 millones el número de personas que en la Unión Europea (UE) están en riesgo de pobreza y exclusión social.

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado al Consejo Asesor de Servicios Sociales el documento definitivo, que incorpora el 70 por ciento de las alegaciones presentadas por los miembros de este órgano al borrador inicial.

25 miembros integran el Consejo Asesor, seis en representación de los departamentos de Educación, Sanidad, Igualdad, Empleo, Vivienda y Economía, tres en representación de los ayuntamientos designados por la Federación de Municipios de Cantabria (Santander, Torrelavega y Ribamontán al Mar); dos de CEOE, y dos en representación de UGT y CCOO.

Además, están presentes Lares, Cermi, Cáritas y CUIN, como representantes de las entidades dedicadas a la atención a personas en situación de dependencia o con discapacidad y de protección a la infancia y la adolescencia, y la Unión de Consumidores regional.

Según Sáenz de Buruaga, las alegaciones presentadas al borrador por los ayuntamientos de Ribamontán al Mar y Santander; las organizaciones sindicales UGT y CCOO, Cermi, Cáritas, Cuin, la Consejería de Medio Ambiente y ACAT se han admitido, y la mayoría de las rechazadas lo han sido por tratarse de propuestas ya incluidas en alguna de las medidas contenidas en el plan.

El plan consta de 49 objetivos operativos y 263 actuaciones estructuradas en cuatro líneas estratégicas. La primera, pretende fomentar el acceso al empleo a través de políticas activas de inversión social para favorecer la inclusión social de las personas más vulnerables, mientras que la segunda está destinada a garantizar un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil.

La tercera línea pretende garantizar la prestación de unos servicios básicos y facilitar el acceso a toda la población, especialmente en materia de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Vivienda, mientras que la cuarta está destinada a la atención a los grupos más vulnerables: infancia y adolescencia; personas mayores; personas con discapacidad; población inmigrante; víctimas de violencia de género, personas con adicciones; población gitana y personas sin hogar.