Redacción. Santander
La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Conchi Solanas, interpelará este lunes, 28 de octubre, a la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, sobre sus criterios a la hora de asignar los recursos sanitarios en los diferentes municipios, ante la "sospecha" de que esa asignación se está realizando "por razones estrictamente políticas".
![]() Conchi Solanas. |
Solanas ha indicado en un comunicado que pedirá explicaciones en el Parlamento tras la reciente reapertura del consultorio médico de Castillo, en el municipio de Arnuero, gobernado por el PP, que se ha producido a pocos meses de la reducción a la mitad de la plantilla médica destinada a Soba, donde gobierna el PRC.
Aunque no está en contra de la apertura del centro de Castillo, ni cuestiona las razones esgrimidas para justificarla, la diputada regionalista considera "muy sorprendente" que el Gobierno advierta en este caso la necesidad de atender a las personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas que tienen dificultades para desplazarse a los centros más próximos, al mismo tiempo que "la niega en otros municipios con la población más envejecida, con enfermedades crónicas y mayor dispersión territorial".
En este sentido, ha comparado la población de Castillo, en torno a los 500 habitantes y con una tasa de envejecimiento de 21,66, con la de Soba, que cuenta con 1.300 residentes diseminados en 35 núcleos de población y una tasa de vejez superior, ya que alcanza el 27,12, lo cual "no ha impedido que la Consejería suprima una de las dos plazas de médico que hasta el pasado mes de marzo atendían los dos centros de salud que existen en este municipio".
"No entendemos por qué lo que vale para un pueblo de Arnuero no vale para Soba, donde los vecinos sufren las consecuencias de un recorte a todas luces injusto e injustificable", ha recalcado Solanas. La diputada espera por ello que la consejera ofrezca "una explicación razonable" en el Pleno del lunes y anuncia que su grupo presentará una iniciativa parlamentaria "en defensa del derecho a la salud de toda la población rural y en contra de cualquier agravio entre municipios en la asignación de los recursos sanitarios".